¿Hasta dónde llega la politización de la Fiscalía?

El posible sesgo en la intervención de la fiscal de la Audiencia Na­cional Blanca Rodríguez en el caso de los tuits de Guillermo Zapata, el excesivo celo del fiscal anticorrupción Pedro Horrach al proteger los derechos de la Infanta en el caso Nóos, la ceguera de Torres-Dulce con las preferentes… Son algunos ejemplos que hacen pensar que la Justicia, en este caso la labor del Ministerio Fiscal, está mediatizada por el poder o, cuando menos, no es igual para todos..

Un graffiti en una pared de Barcelona con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin entre rejas. Foto: Digerible.
Un graffiti en una pared de Barcelona con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin entre rejas. Foto: Digerible.

Por Patricia Manrique

“La institución no brilla lo que debería brillar”, reconoce Inés He­rreros, fiscal de la Unión Progresista de Fiscales, “y es una pena porque su vocación debiera ser proteger a los más vulnerables”. A esta fiscal le parece tan relevante el “alejamiento de las personas que más sufren” como la politización que señala, por su parte, la jueza Victoria Rosell, de Jueces para la Democracia.

Politización de la justicia

En 2014, el Grupo Anticorrupción del Consejo de Europa emitía un informe en el que aconsejaba al Estado español hacer “esfuerzos adicionales” para garantizar la imparcialidad de la Fiscalía, y “reconsiderar el método de selección y el periodo de mandato” del fiscal general del Estado.

La jueza Rosell es taxativa al afirmar que “el diseño actual no garantiza la independencia ni la imparcialidad de la Fiscalía, por el principio jerárquico y el poder fáctico que ejercen los fiscales provinciales, autonómicos… todos ellos bajo el mando del fiscal general del Estado”.

No es la única en denunciar que la Constitución plantea un papel complejo de la Fiscalía, que la coloca en un difícil equilibrio entre dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, ya que el fiscal general del Estado, a quien está sujeta jerárquicamente, es designado por el Gobierno y, sin embargo, la propia Carta Magna exige que el Ministerio Fiscal sea imparcial.

Para la fiscal Herreros, el sistema es “mejorable”, pero cree que “la autonomía de los fiscales de a pie al trabajar es mayor de lo que socialmente se piensa”. A su juicio, se tiende a identificar politización con partidismo y, aunque no niega su importancia, afirma que el margen de influencia de los partidos no es tan grande y que quizá sea más necesario abordar la “separación de los problemas de la ciudadanía” de las personas que forman parte del cuerpo judicial y fiscal.

Las preferentes, los desahucios, la protesta social… son temáticas a las que en demasiadas ocasiones el cuerpo fiscal es ajeno. Estima conveniente, para acortar esa distancia, “una formación continua, a cargo del Ministerio, para conocer estas difíciles realidades sociales”, experiencias que ya se han hecho de modo puntual y es necesario intensificar.

Mediante circulares e instrucciones, los fiscales, a diferencia de los jueces, deben seguir la línea marcada por sus jefes, de quienes es superior jerárquico el fiscal general del Estado. Para Rosell, “el principio jerárquico debería ceder en determinados aspectos y debería haber muchísima más democracia interna”. Considera también que los organismos del Ministerio Fiscal, las Juntas de Fiscales o el Consejo Fiscal, presentan claros “déficits democráticos”.

Frente a la elección discrecional del Gobierno se proponen alternativas con la ciudadanía como protagonista: o bien la elección parlamentaria, con un sistema de elección semejante al del Consejo General del Poder judicial –tan criticado– o el sufragio universal, con la problemática de que quien tenga más medios podrá hacer mejor campaña.

Fiscales e ideología

Herreros subraya que el fiscal general del Estado “no es puesto ahí para llevarse bien con el Gobierno” y que “no tiene por qué tener ninguna servidumbre” una vez que ha sido nombrado, ya que ni puede ser renovado más allá de los cuatro años del cargo, ni cesado salvo causas graves y tasadas.

Esto es así desde la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal con Cándido Conde- Pumpido al frente del cuerpo de fiscales. En esa línea de defensa de la independencia, Herreros no comparte las valoraciones positivas de la dimisión de Torres-Dulce que, aunque esgrimió “razones personales”, dejó entrever con su marcha que no se pueden tener desavenencias con el Go­bierno.

Para esta fiscal, “el fiscal general no está para tener sintonía con el Gobierno, sino para hacer su trabajo y cumplir su mandato constitucional”.

La fiscal estima necesaria cierta “sintonía” política de la institución, pero “no con el Gobierno, sino con el pueblo, en el que reside la soberanía popular”. Cita como ejemplo la persecución de la Violencia de Género. Soledad Ca­zorla, primera mujer fiscal de Sala contra la Violencia de Género, fue responsable de dirigir la red de fiscales especialistas en este tema y, para propiciarlo, “tuvo que obligar mediante circulares a los fiscales a seguir directrices, aún cuando hubiese fiscales que no creían en ello”, señala.

Dado que “todo el mundo tiene ideología”, que la Fis­calía General determine la orientación de la política criminal parece que posibilita que ésta no quede a merced de ideologías personales.

Por su parte, Rosell añade un “déficit en responsabilidad y de garantías de imparcialidad”: los jueces pueden ser recusados, los fiscales, no –en todo caso, pueden abstenerse– . Y, aunque esté contemplado en la teoría, en la práctica “no tienen régimen sancionador”. Si bien hay jueces sancionados, “esto no llega nunca a los fiscales aunque hayan avalado las decisiones del juez”.

Una carrera que marca perfiles

Fiscal y jueza coinciden en la necesidad de abrir la carrera para que dé acceso a otro tipo de perfiles fiscales. Rosell propone imaginar un origen de las carreras judicial y fiscal “más abierto y democrático, con más oportunidades para juristas que no se pueden permitir acceder a un cuerpo con una oposición de cuatro o cinco años”.

Las oposiciones a fiscal, explica Herreros, exigen una dedicación completa, incompatible con otro trabajo, y a menudo un monto mensual que se paga a preparadores: “Aunque hay familias humildes que hacen un gran esfuerzo, es inaccesible para una buena parte de la ciudadanía”. Herreros propone “sistemas de acceso públicos, programas públicos como posgrados” que permitan el acceso de todas las clases sociales a la carrera por méritos y no por posibilidades económicas.

Judicialización de la política

En el mundo judicial, el constante uso del calificativo jurídico “imputado” como arma arrojadiza genera estupor. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, aprobada en el Congreso y ahora en el Senado, sustituirá el término por “investigado” y, cuando haya un auto de acusación, por “encausado”.

Rosell coloca la responsabilidad del uso indiscriminado del término en la clase política, ya que se “han utilizado las imputaciones de los demás como arma arrojadiza, tuvieran la consistencia que tuvieran”. Señala además “una cierta trampa” en relacionar toda acción con responsabilidad penal.

En sintonía con las declaraciones de Guillermo Zapata, quien pidió disculpas por sus tuits señalando que “es importante separar la dimensión ética de la jurídica”, Rosell apunta que “a más responsabilidad de los partidos políticos, menos dependeríamos de los tiempos y decisiones judiciales”.

Herreros señala que es “una salvajada” usar como arma política el término imputado y cree necesario subrayar que esto provoca otra forma de interferencia del poder judicial en la elección de la ciudadanía, al “poner en bandeja” la eliminación de contrincantes con imputaciones.

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El caso Zapata

Blanca Rodríguez, fiscal de la Audiencia Nacional nombrada en la era Aznar, es conocida por sus actuaciones con sesgo conservador. En 2003, consideró que la Asociación de Familias Afectadas por el Accidente del Yak-42 “no estaba legitimada para ser parte” en el proceso y no vio indicios de delito en la actuación de los generales Navarro y Beltrán, posteriormente condenados.

En 2004, acusó a Enric Bertran, de 14 años de edad, de un delito de amenazas terroristas: el caso fue archivado. En 2006 pidió año y medio de cárcel para el grupo musical Soziedad Alcoholika al haber “indicios” de un delito de enaltecimiento del terrorismo en sus letras, también archivado. En 2013 pidió cinco años por los tartazos de los activistas anti TAV a Barcina, que quedaron en dos.

En el archivo del caso Zapata, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz da un rapapolvo a la Fiscalía y a los querellantes –Dignidad y Justicia– observando que se está tratando de aplicar el Derecho Penal del Enemigo al “perseguir sólo a determinadas personas y no a otras”, en este caso al concejal.

“De perseguirse tal conducta”, apunta el magistrado refiriéndose al humor negro, “habría que hacerlo respecto de todos los que han publicado ‘chistes’ similares en las redes sociales e internet”.

El Derecho Penal del Enemigo o de autor, a diferencia del Derecho del Hecho de nuestra legislación, persigue al autor de un hecho por su condición de persona peligrosa o enemigo y no por sus actuaciones.

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