¿Por qué España es un paraíso para los ‘okupas’?

La ocupación ilegal de inmuebles, conocida como “fenómeno o movimiento okupa”, empezó a aparecer a finales de los años sesenta en Inglaterra, Alemania y Holanda como una expresión más de la filosofía hippie. Este fenómeno llega a España a mediados de los años setenta como un movimiento de ideales contrarios al sistema y con una débil solución jurídica por parte del legislador español, a pesar de que la conducta de los okupas atenta de forma flagrante contra el derecho de la propiedad reconocido de forma expresa por nuestra Carta Magna…

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¿Cómo se reforma la Constitución?

Para entender los errores y aciertos de nuestra Constitución debemos remontarnos más allá de la Transición, al origen del constitucionalismo social que incorporó por primera vez los derechos sociales en las constituciones…

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¿Qué es delito y qué no en Internet?

Amenazas, falsificación, delitos sexuales, fraude informático… El Ministerio del Interior, recopilando los datos registrados por todos los Cuerpos de Policía relativos a la cibercriminalidad, elabora cada año un estudio sobre esta materia. Sin embargo, un dato curioso que incluso sorprende a la propia policía es que se producen pocas denuncias por Internet. ¿Por qué? “La gente no conoce los límites en Internet, no sabe hasta dónde pueden llegar los usuarios y asimilamos comportamientos de otros usuarios como normales cuando, en realidad, son delictivos”, afirma Silvia Barrera, Inspectora de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional…

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¿Qué significa la ‘doctrina Botín’?

Entre todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del juicio del caso Nóos hay una que centró toda la atención de la sesión, porque de ella dependerá que sea o no juzgada la Infanta Cristina, y de paso el papel que a partir de ahora tendrá la acusación popular en los procesos penales. Es la aplicación o no en el caso de la hermana del Rey Felipe VI de la conocida como doctrina Botín…

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¿Hasta qué punto está justificado el uso de la fuerza por parte de la policía?

El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales de diferentes Estados, sujeto siempre a una gran polémica, ha causado lesiones e incluso víctimas mortales en múltiples ocasiones. Amnistía Internacional, organización de reconocido prestigio internacional en la defensa de los Derechos Humanos, ha elaborado una nueva guía para lograr que las intervenciones policiales se ciñan en toda circunstancia a los principios de proporcionalidad, necesidad y moderación, y al respeto de los derechos y las libertades fundamentales..

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¿Puede España privar de nacionalidad a los catalanes?..

Esta es una pregunta que ha cogido un peso importante en los últimos días, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no supiera responder con claridad a la cuestión…

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Capitalismo : ¿hay alternativa?

The Economist ha elaborado un interesante artículo en el que se pregunta si hay alguna alternativa real al capitalismo, ya que carece de grandes defensores en estos días mientras hay protestas en su contra. Muchos de sus críticos, como Occupy Wall Street, cuestionan el comercio mundial por generar explotación y obsesión por el dinero..

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Antes de hablar de inteligencia artificial… ¿qué es la inteligencia?

Eres profesor. Tienes una alumna bastante mala. Se llama Carla y la pobre estudia pero redacta mal, no argumenta con claridad, no comprende bien ni lo que lee ni lo que escribe. Y no solo en tu asignatura. Es mala en matemáticas, en plástica, en lengua… en todo. Cuando corriges sus exámenes te pones a pensar, apesadumbrado, en el triste futuro que le espera a alguien tan poco dotado intelectualmente. Sin embargo, cuando te fijas en su conducta y en el modo que se relaciona con los demás, notas algo extraño…

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¿Hasta dónde llega la politización de la Fiscalía?

El posible sesgo en la intervención de la fiscal de la Audiencia Na­cional Blanca Rodríguez en el caso de los tuits de Guillermo Zapata, el excesivo celo del fiscal anticorrupción Pedro Horrach al proteger los derechos de la Infanta en el caso Nóos, la ceguera de Torres-Dulce con las preferentes… Son algunos ejemplos que hacen pensar que la Justicia, en este caso la labor del Ministerio Fiscal, está mediatizada por el poder o, cuando menos, no es igual para todos..

Un graffiti en una pared de Barcelona con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin entre rejas. Foto: Digerible.
Un graffiti en una pared de Barcelona con la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin entre rejas. Foto: Digerible.

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Marruecos, ¿avance hacia la modernización?..

El nuevo Código Penal castiga el adulterio y la homosexualidad pero no la poligamia

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¿Sabías que es el TTIP ?..

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.

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¿Por qué ahora?
EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando una guerra comercial a países terceros.

¿Quién y cómo se está negociando?
De manera formal, por parte de la Unión Europea es la Comisión Europea quien tiene el mandato de las negociaciones; y de la otra, el propio Gobierno de EEUU. Sin embargo, desde su origen, son los grandes lobbies empresariales de un lado y otro quienes presionan y participan de manera activa en ellas: industria automovilística, farmacéutica y agroalimentaria, empresas de servicios, bancos, fondos de inversión…

Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.

¿Qué regulará?
Dado que los aranceles entre la UE y EEUU son ya muy bajos, este nuevo modelo de tratado se centra en la liberalización de todos los sectores y en conseguir una armonización legislativa, es decir, unificar leyes a ambos lados del Atlántico, con el fin de reducir costes y “retrasos innecesarios” para las corporaciones.

Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.

¿Qué supondrá?
Se ahondará en los recortes en los derechos laborales, justificados por la reducción de costes y basados en la política antisindical de EEUU (que no ha ratificado convenios de la OIT) y en las reformas laborales impuestas por la Troika [link a http://www.troikaparty.eu/es%5D (Comisión Europea, FMI, BCE).

La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas.
La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:

  • Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.
  • La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.
  • Sobre propiedad intelectual y uso y acceso a internet: se aplicará la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales, y pena el compartir archivos en la red; y además blindará las patentes, reduciendo por ejemplo la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos.

Y a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos de protección de las inversiones, que los Gobiernos se encontrarían maniatados para la puesta en marcha de las políticas públicas sociales y medioambientales destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio del gran capital.

 

http://www.ecologistasenaccion.org/inf/ue/pregunta_15.html

¿Qué es el temible estado islámico ‘EI’?…

Aprovechando el debilitamiento estatal sirio e iraquí y el consiguiente abandono de su población, en su mayoría suní, en las regiones del norte de Iraq y noroeste de Siria, el inicialmente autoproclamado EIIL (Estado Islámico de Iraq y del Levante) hoy EI (Estado Islámico), continúa su progresión.

¿Cómo ha sido posible un avance tan rápido y cómo se explica que las fuerzas iraquíes y sirias no hayan logrado poner atajo a la nueva organización, que ha sido descrita por las potencias mundiales como una “banda de desalmados y asesinos terroristas”? El empleo de esta caracterización de orden moral dificulta la comprensión de lo que está ocurriendo en esa amplia zona del Medio Oriente. El conflicto implica a territorios de aproximadamente seis millones de km² y de manera directa o indirecta involucra a 268 millones de personas. La región alberga cuantiosas reservas de petróleo y si agregamos antecedentes de índole étnico o religioso y los intereses de las grandes potencias, tendremos un bosquejo del polvorín del planeta -en el Cercano y Medio Oriente-.

Imagen del videojuego de Estado Islámico

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¿Cómo me afecta la “tasa Google”?…

Los internautas españoles estamos preocupados. El Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y, entre sus numerosas disposiciones, parece que también va a llegar la temida “tasa Google”.

Pero, ¿qué es eso exactamente? ¿Cómo puede afectarnos? ¿Es verdad que solo por enlazar tendremos que pagar? ¿Cuánto? ¿A quién?

Como en @Lex siempre nos gusta explicar bien las cosas, vamos a intentar aclarar todos esos conceptos.


¿Qué es “la tasa Google”? ¿Qué es el “canon AEDE”?

Para empezar, veamos de qué hablamos. La llamada “tasa Google” (aunque quizá sería mejor llamarla “canon AEDE”) es un intento de algunos editores de periódicos españoles para cobrar por aquellos servicios que enlacen a sus noticias digitales.

Lo que dicen estos editores es que servicios como Google News se lucran a través de los enlaces que publican de sus noticias. Según estos medios, Google y servicios similares (como por ejemplo, Menéame) deberían pagarles por el uso que hacen de sus enlaces.

Podría discutírseles que los agregadores de noticias como Google News en realidad les benefician, ya que les envían tráfico a su página… cosa que luego pueden aprovechar a la hora de negociar tarifas publicitarias.

También se les podría decir que estar en Google News es algo voluntario y que quien no quiera estar no tiene más que pedirlo. O que enlazar está en la esencia de internet, y quitar eso es tanto como quitarle el clic a los ratones.

Pero la cuestión es que estos medios han logrado que sus propuestas sean oídas por los legisladores.

Hay que decir, en honor a la verdad, que no todos los editores de periódicos están a favor de esta política. Solo aquellos que forman parte de AEDE. Hay notables excepciones, como Eldiario.es y 20 Minutos, que se han manifestado abiertamente en contra de este canon.

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¿Está esto ya en vigor?

Todavía no. Se está negociando. La reforma ya ha superado el trámite del Congreso y ahora debe pasar al Senado, pero es muy posible que lo referido al “canon AEDE” se quede igual.

Es de prever que la norma sea aprobada en septiembre u octubre. Después, la propia norma fijará la fecha de su entrada en vigor.

Quien quiera atreverse con el texto que de momento es el de trabajo, puede leerlo aquí.


¿A quién afecta el “canon AEDE”? ¿Si tengo un blog, tengo que pagar?

El problema de la Ley de Propiedad Intelectual en este campo es que su redactado es de lo más ambiguo.

Esto es lo que dice, literalmente, la norma (que no cunda el pánico, que luego lo explicamos):

Artículo 32. Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica.

2. La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos.

¿Qué quiere decir todo esto?

Como vemos, el texto habla de “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos”. Estos deberían ser, en principio, los únicos afectados. Cosa que parece que deja fuera a blogs y demás, aunque en teoría sí incluye redes sociales como Twitter o Facebook.

Sin embargo, fijaos que el segundo párrafo excluye a los buscadores en sí (como el servicio principal de Google, Yahoo, Bing,…). Teniendo en cuenta esto, parece que la definición de “prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos” es de lo más amplia, ya que ningún usuario de internet llamaría “agregador de contenidos” a Google; lo llamaría “buscador”. En otras palabras, no debería haber hecho falta el segundo párrafo… a menos que el legislador opine que un buscador puede considerarse un agregador de contenidos.

Eso quiere decir que quizá dentro de esta definición amplia los blogs sí que estén comprendidos como agregadores de contenidos. Si fuera así, publicar enlaces en un blog pasaría a ser de pago.

Desde @Lex nos parece que esta interpretación sería demasiado extensiva, pero lo cierto es que tampoco habríamos incluido a los buscadores como agregadores de contenidos.

Por desgracia, la ley es demasiado ambigua y deja demasiados cabos sueltos. Tendrá que ser la jurisdicción ordinaria la que poco a poco defina todas estas materias… cosa que requerirá años de vivir dentro de esta inseguridad jurídica.


¿Hay algún contenido que pueda enlazar?

El texto legal que hemos citado habla de enlazar “fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”.

Esto implica varias cosas.

Para empezar, podemos hablar de que el concepto de “fragmentos no significativos” es demasiado ambiguo, ya que no hay manera de saber si lo que citamos es o no un fragmento “significativo”. Una nueva arbitrariedad que deberán resolver los jueces.

Dejando esto de lado, el origen del fragmento queda definido por el tipo de publicación y por su finalidad.

Por el tipo de publicación, los enlaces prohibidos son aquellos que provengan:

  • De una publicación periódica (diarios, revistas,…).
  • De páginas web de actualización periódica (cosa que incluiría los blogs).

Suponiendo que el enlace venga de uno de estos tipos de páginas (ámbito que, por cierto, cubre la mayor parte de páginas de internet), tenemos que fijarnos en cuál es la finalidad de la página. El enlace pasa a estar cubierto por la tasa si la página busca:

  • Informar.
  • Crear opinión pública.
  • Entretener.

Una vez más, esto abarca casi todas las páginas de la red. Quedarían fuera tan solo páginas puramente comerciales, por ejemplo.

El caso es que si enlazamos a una publicación periódica que se dedique a alguno de estos fines, ese enlace está cubierto por el “canon AEDE”.


¿Y si el autor lo publica con licencia libre?

No cambia nada. La ley dice que “este derecho será irrenunciable”. Eso significa que si un periódico (como suele hacer Eldiario.es) o un blog de algún autor específico deciden usar licencias libres… la tasa sigue siendo aplicable.

Sí, se puede cobrar aunque el autor haya renunciado a cobrar y quiera regalar su contenido.

Por ejemplo, esta misma entrada que ahora leéis estaría sometida al “canon AEDE” a pesar de que @Lex la ofrece bajo licencia CC BY-NC-SA.

Existe el canon sobre esta entrada porque esta página es de actualización periódica y tiene como finalidad la de informar. Así que @Lex, al parecer, tiene un derecho irrenunciable a que alguien cobre esas cantidades en nuestro nombre.

¿Cómo que alguien? ¿Quién puede cobrar las cantidades?

Según la ley, el derecho irrenunciable a cobrar “se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual”. En este caso, por ejemplo, AEDE o CEDRO.

Estas entidades podrán cobrar la tasa –como antaño hiciera la SGAE, con los resultados conocidos por todos y la fantástica imagen que le supuso a la entidad- en nombre de personas que no tienen por qué ser socios suyos… y que lo más probable es que no reciban ni un céntimo de euro.

En otras palabras, esto no es una tasa para pagar a los autores, sino para enriquecer a unas entidades muy concretas.


¿Qué cantidades tendremos que pagar por cada enlace?

Está por determinar. Pero basándonos una vez más en los abusos producidos por la SGAE en tiempos pasados, podemos anticipar que serán arbitrarias y de difícil acreditación en la práctica.


¿Puedo eludir el pago de la tasa si mi página está en otro país?

En principio el pago de la tasa, sí puedes eludirlo.

En definitiva, pues, desde @Lex nos parece que este aspecto concreto de la ley es de lo más discutible, tanto en eficacia como en términos de Justicia. Y si los medios de AEDE esperan enriquecerse gracias a los enlaces, es que entienden internet todavía menos que los legisladores españoles.

Por nuestra parte, en @Lex vamos a adoptar la política de no enlazar a noticias de medios AEDE. Ya que al parecer les molesta que les enviemos visitas a través de nuestros enlaces, cumpliremos con sus deseos y dejaremos de hacerlo. Y os recomendamos que hagáis lo mismo.

Esperamos haberos ayudado. Si no es el caso, ¡no dudéis en contactar con nosotros!

http://www.arrobalex.com/como-me-afecta-la-tasa-google

Listado de editores que exigen derechos de autor aquí

Doce miembros sin piedad.. ¿Habría que cerrar el Tribunal Constitucional?..

Los que habitan el Tribunal Constitucional (TC) según los Presupuestos Generales del Estado, conceden créditos, pagan medicinas, gastan una fortuna en revistas… Eso sí, cuando tienen un asunto complejo entre manos baten todos los récords de productividad y aumentan el descrédito judicial español con una meteórica decisión sobre el “caso Cataluña”, agilidad que ha sorprendido a propios y extraños. Y es que trabajar en el TC es hacerlo en una suerte de corte faraónica cuyos innumerables dispendios justifican las ambiciones políticas de quienes lo ocupan…

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Su conocida sede trapezoidal parecida a una pirámide y situada en el barrio de Moncloa (Madrid) fue construida por el arquitecto Antonio Bonet –al que tanto elogiara el poeta Rafael Alberti– y es hoy un nido de intrigas, ansias políticas y privilegios medievales. Un repaso a los 23,6 millones de euros anuales de presupuesto así lo atestigua: 1,8 millones al año se llevan sus altos cargos, 12,2 sus funcionarios y 0,8 sus eventuales. Poseen trienios (886 mil euros), pagas extraordinarias (1,4 millones), complementos (7,4 millones), gratificaciones (202 mil euros)… Gastan 305 mil euros en “prensa, revistas, libros y otras publicaciones” y otros 1400 euros en “publicidad y propaganda”, más 1,3 millones en “estudios y trabajos técnicos” que no van en el sueldo, pues al parecer con tanto bastardeo político los magistrados de carrera escasean. Dietas, locomoción e “indemnizaciones” se llevan 230 mil euros, las pensiones de sus ex presidentes no se rigen por el régimen general sino que les añaden 124 mil euros más y unas extrañas “remuneraciones de transición Magistrados” suman otros 266 mil. Hasta su Asociación de Letrados recibe 18 mil euros en subvenciones. El TC en España ejerce también como banco: da préstamos a corto plazo, a familias y a instituciones sin ánimo de lucro (48 mil euros), también como farmacia (pagaron 2000 euros en “productos farmacéuticos y material sanitario”) y otros 40 mil en mensajeros. Los “faraones” judiciales que disfrutan de estas bicocas con dinero público en plena crisis, con los banco de alimentos desbordados, un paro descomunal y un exilio laboral masivo de sus compatriotas que les sufragan, son estos:

Francisco Pérez de los Cobos: lo conocen con el apelativo de “presidente” y de su doble vida ya dio cuenta “Espía en el Congreso”. Ocultó su militancia en el PP, lo que provocó un escándalo internacional, pero no dimitió amparado por el propio Mariano Rajoy, con quien comparte muchas intimidades que le han blindado en el cargo. La crisis trajo buenos resultados para su empresa consultora Labour Prospectives SL: en 2009 facturó casi 150.000 euros y en 2010 superó los 100.000, pero es mal pagador: Hacienda inició dos procesos de ejecución contra la sociedad por reclamaciones “de menor cuantía”. De los Cobos no aclara a nadie sus actividades porque considera que no tiene obligación de informar sobre los clientes de su empresa ya que es un “asunto privado”, según le dijo al periodista Manuel Rico.

Adela Asúa Batarrita: conocida en el TC como “Adela”, ha militado en movimientos ciudadanos del País Vasco como la Asociación pro Derechos Humanos y Gesto por la Paz. Pero su aval fue político: “por si fuera poco, ambos somos vecinos de Getxo. Creo que son razones más que suficientes para acreditar la idoneidad de cara a ser miembro del Tribunal Constitucional”, confesó entre risas el parlamentario del PNV, Joseba Zubía. “Como personalmente tengo un afecto muy especial hacia el señor Zubía y un gran respeto, si es su candidata, es el candidato de este grupo”, remachó su colega de CiU, Jordi Vilajoana i Rovira. También la apoyó la senadora Carmen Silva Rego (PSOE) “como mujer y como socialista”.

Antonio Narváez Rodríguez: conocido en el TC como “Narváez”, este teniente fiscal del Supremo sustituyó a su compañero del PP, Enrique López, que fue cesado tras haber sido sorprendido conduciendo su moto con alarmantes síntomas de embriaguez. López, sin embargo, volvió a su antigua plaza de magistrado tras aceptar una pena de multa de 1.440 euros y la retirada del carné de conducir durante ocho meses y dos días por un delito contra la seguridad vial cometido por saltarse un semáforo cuando conducía sin casco y bebido, cuadruplicando la tasa de alcoholemia. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró su nombramiento “muy oportuno”.

Encarnación Roca Trías: conocida en el TC como “Encarna”, baste esta anécdota para retratarla: “Señora Roca i Trias, ¡que dos apellidos más vinculados a la actividad política y parlamentaria de pasado y de futuro, Roca i Trias!” le espetó el senador Zubía (PNV) cuando la conoció. Ella replicó: “¡Pero yo no tengo relación con ninguno!”, a lo queZubía contestó sin querer ser más explícito: “Me imagino. Que quede en todo caso constancia para este portavoz que lleva unos cuantos años en estas lides parlamentarias”. Eso sí, pareció molesto con la precisión de ella y le lanzó una soterrada invectiva: “su currículo, por muy generalista que sea, realmente no nos ofrece ninguna duda”. Desde CiU, el senador Vilajoana aclaró que “yo ya sabía que no tenía relación ni conMiquel Roca ni con Xavier Trias, pero estoy encantado de que esté aquí, en primer lugar, porque su currículo lo dice casi todo de usted” y añadió que “entenderá que para nosotros es determinante que el Parlamento de Cataluña la haya propuesto. Por tanto, nuestro grupo -se lo imaginará- la apoya totalmente”. Carmen Silva Rego(PSOE) tampoco indagó mucho en sus credenciales: “Soy militante del Partido Socialista, portavoz de los socialistas en esta Cámara, soy mujer, y creo plenamente en la igualdad entre hombres y mujeres”, dijo para apoyarla, ante el rubor que suponía para “Encarna” tener que ser “enjuiciada” en 7 minutos por políticos sin demasiada idea de derecho, como actualmente ocurre en el actual régimen español.

Santiago Martínez-Vares García: conocido en el TC simplemente como “Vares”, rechazó en 2009 un recurso de ERC por la injerencia de la religión en la educación infantil. Su sentencia acogía la tesis de que la religión católica es “de oferta obligatoria para los centros, y de carácter voluntario para los alumnos” pues la Constitución garantiza “en positivo” las libertades ideológica y religiosa, aunque de momento no se conocen profesores públicos de islam o de judaísmo. Este magistrado conservador (APM) es el único que ha defendido la división de poderes a rajatabla y el blindaje del Fiscal del Estado y del Consejo del Poder Judicial frente a los políticos, pero también ha sido acusado de corporativismo al capitanear la revuelta de jueces que pidieron al Gobierno en 1999 una subida de sueldo del 25%. Los magistrados cobraban entonces entre 30 mil y 54 mil euros al año dependiendo del lugar donde ejercieran y el órgano al cual pertenecieran. Hoy el mínimo se calcula en 47.500 euros y el máximo en 107.000, trienios aparte, aunque es solo un cálculo periodístico, pues no existe Ley de Transparencia que permita a los ciudadanos ejercer el derecho a conocer cuánto paga a sus “servidores públicos”, además de quienes y cuantos son, a qué función se dedican y con qué criterios de eficacia y productividad se les premia o penaliza.

Fernando Valdés Dal-Ré: conocido en el TC simplemente como “Valdés”, fueron políticos madrileños quienes lo apadrinaron. Y otra anécdota lo refleja: “Buenas tardes, señor Valdés, por fin ha llegado la comparecencia, porque no podemos olvidar que su designación como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional la realizó la Asamblea de Madrid hace ya prácticamente dos años. Yo creo que algunos de los candidatos propuestos ya casi ni se acordaban que lo eran después del tiempo que ha pasado” le dijo elsenador Zubía (PNV) tras advertirle un poco chulescamente que no se confiara porque solo había pasado “el primer corte”. Esa es la indignidad, deshonor y humillación con que los jueces deben “tragar” para acceder al máximo tribunal. El político Carles Bonet i Revés (ERC, que en el Senado se llama “Entesa”, grupo formado conjuntamente con PSOE e IU de Cataluña) fue más claro, más osado y menos modesto: “Usted es un representante de la ciencia jurídica y está claro que como científico jurídico es absolutamente idóneo. Aquínosotros somos científicos políticos. El problema es que la política y la ciencia a veces, aunque se diga que son lo mismo, son muy diferentes. Nosotros le consideramos absolutamente idóneo, pero, al final, los contrapesos políticos decidirán su idoneidad o no”. La frase de este “científico político” debería pasar a la posteridad y explica por qué se ha elevado tanto la mediocridad en Cataluña y en el resto de España. Y es que así, a las claras y con esta desfachatez, los políticos del régimen deciden a qué otros políticos les ponen una toga, los invisten como “magistrados” y los declaran “idóneos”. Y con esos criterios, los verdaderos jueces, claro, las pasan canutas.

http://www.espiaenelcongreso.com/2014/10/01/presupuesto-tribunal-constitucional-prestamos-medicinas/

Ilustración Manel Fondevila

¿Para qué sirve la ONU..?

Esta institución mundial enclavada en Nueva York, ha servido siempre para avalar los crímenes, los abusos, el genocidio de Washington y sus aliados. En este momento asistimos a las barbaridades que comete el gobierno de Tel-Aviv contra los habitantes de la Franja de Gaza sin reparar en los miles de niños y adultos víctimas de la voracidad de asesinos respaldados por la Casa Blanca.

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Recuerdo que en su primer mandato, Obama se pronunció hipócritamente a favor de restaurar las fronteras que existían entre Israel y Palestina antes de la guerra de 1967. Pero no incluyó nada en su discurso que permitiera pensar que iba a presionar a Israel para que cambiara su actitud belicista y mucho menos que se retiraran de los asentamientos israelíes. En definitiva, reiteró que se opondrá a que los palestinos pidan su reconocimiento como Estado en la ONU y que su defensa de la existencia de Israel es inflexible.

Finalizando su primer período, se reunió con los miembros de la AIPAC (American Israel Public Affaire Committee), o lo que es lo mismo, el lobby israelí donde se pronunció a favor de la seguridad de Tel Aviv y subrayó que proseguirá su contubernio con ese gobierno. En boca del jefe de la Casa Blanca la seguridad de Tel Aviv significaba que un nuevo Estado palestino sería desarmado, mientras Israel conservaría su inmenso e ilegal arsenal atómico, y seguiría recibiendo más que nunca las armas yanquis más sofisticadas, abrogándose el derecho a decidir qué territorios devolvería.

Muchos pensaron que tal vez por ser el primer mandatario yanqui afronorteamericano, se distanciaría de las ataduras de sus antecesores a los intereses de los grandes emporios fabricantes de las cada vez más sofisticadas y poderosas armas para liquidar a pueblos enteros.

Olvidaron la existencia del Pentágono y sus exigencias. Tal fue su hipocresía que aún con las muestras que ya había dado de lo que vendría después, allá en Oslo se apresuraron a conferirle nada menos que el Premio Nobel de la Paz.

Se puede afirmar que la ONU ha asistido impertérrita a todos los crímenes cometidos por los yanquis y sus aliados. Haría falta que desapareciera, habida cuenta de su papel contemplativo como le sucedió a su antecesora, la Sociedad de Naciones que tuvo su sede a orillas del lago Leman en Ginebra al finalizar la Primera Guerra Mundial.

La burla de las grandes potencias a la Sociedad de las Naciones es un antecedente a considerar en las presentes circunstancias porque desembocó en una guerra. Hizo trizas los principios enunciados para el arreglo pacífico de las controversias y la no intervención, echó a un lado los propósitos de la limitación de armamentos.

Y no es ocioso recordar ahora la persistente política de los Estados Unidos al avanzar en el dominio mundial de acuerdo con su ideología y basado en su potencial económico y militar. Esa intención tuvo una clara expresión cuando se discutía el Pacto que dio vida a la organización internacional, en medio de una situación de una Europa devastada por la guerra y el florecimiento de las ambiciones de las potencias del Viejo Continente cuando el presidente Wilson, que se presentaba como paladín de la democracia, presionó para que se incluyera en el documento una mención a la Doctrina Monroe, uno de los instrumentos de dominación de América Latina, invocado con harta frecuencia en aquellos años de intervenciones militares de Washington en países latinoamericanos. A la sazón, las tropas norteamericanas ocupaban Haití, Nicaragua y República Dominicana para imponer gobiernos sujetos a los deseos y ambiciones de Washington.

Se pueden relacionar múltiples agresiones para las cuales se han inventado cualquier cantidad de falsos pretextos como en Iraq, Afganistán y más recientemente el conflicto con Siria y las amenazas a Rusia por la situación en Ucrania. En el siglo pasado abundaron las agresiones como las de Cuba, Granada, Guatemala, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Panamá, los interminables conflictos en el Medio Oriente, las agresiones del militarismo japonés en Asia y los enfrentamientos en África para señalar solo algunas de las situaciones que han dejado incontables víctimas en sucesos dramáticos y cruentos. Todo ello con la anuencia de la ONU donde ocurren eventos tan inverosímiles como ignorar el rechazo de casi todos los países miembros al bloqueo yanqui contra el gobierno de La Habana.

El desplome de la Unión Soviética que arrastró a los otros países socialistas de Europa ha dejado una huella profunda en la historia de finales de siglo y ha significado una alteración sustancial en las relaciones internacionales.

El criminal ataque al pueblo serbio realizado impunemente por el sofisticado aparato militar de los Estados Unidos y sus cómplices europeos abrió un nuevo y peligroso capítulo en la historia de estos años. Se barrieron de un golpe los principios que dieron vida a las Naciones Unidas quebrando el sistema de seguridad.

El asalto a Yugoeslavia recuerda el papel negativo de la Sociedad de Naciones que no pudo detener la invasión fascista a Etiopía, no brindó ayuda al gobierno legítimo de España en l936 y aceptó la intervención de Alemania e Italia a favor de las fuerzas retrógradas que hirieron de muerte la democracia en la Península, se hizo cómplice de la nefasta política de No Intervención a favor de los fascistas españoles, contempló indiferente la anexión de Austria a Alemania y el sacrificio de Checoeslovaquia, entregada a Hitler por los gobiernos de Francia y Reino Unido.

La burla de las grandes potencias a la Sociedad de Naciones es un antecedente a considerar en las presentes circunstancias, habida cuenta de la no intervención de la ONU a favor de los pueblos víctimas de los genocidios. Hace añicos los principios enunciados para el arreglo pacífico de las controversias y la no intervención, ignora los propósitos de la limitación de armamentos. Nada da lugar a la esperanza de que cambiará la política de los Estados Unidos de avanzar en el dominio mundial de acuerdo con su ideología y basado en su potencial económico y militar.

Hoy Naciones Unidas está al borde de un estrepitoso naufragio como le sucedió a su antecesora.

Autora: Lillian Lechuga

Publicado en : www.cubadebate.cu/opinion

¿Qué fecha de caducidad tienen los delitos?..

El tiempo es también una unidad de medida del delito. Cada delito tiene su tiempo, por ejemplo: el tiempo en que se hace y el tiempo en que se paga. Aunque no siempre se cumple. Cuando el que lo hace no lo paga a tiempo, el crimen alcanza su fecha de caducidad, prescribe. Después solo queda la impunidad y el olvido, la clausura de un caso que no tendrá juicio, ni culpables ni condena..

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¿Porqué decimos que el estado es una mafia?..

Antes de centrarnos en la critica al Estado, es importante conocer qué es exactamente y cómo surge. No existe realmente “El Estado” como si de algo abstracto se tratase, sino que existe un Estado en cada territorio con unas características específicas de esa zona. La crítica al Estado que se hace desde el anarquismo es igual para todos los Estados, ya que los consideramos la herramienta de dominación de las clases dominantes y la perpetuación de la desigualdad. Aunque la evolución que ha sufrido el concepto de Estado y sus funciones han cambiado con el paso de los siglos, desde el origen tiene un común con los actuales y conocer su origen nos permite entender porqué se sigue perpetuando en el tiempo y porque se le considera necesario.

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El Estado surge en Asia central entre los siglos VIII y VI a. C aproximadamente, en unas sociedades cuya producción se llevaba anteriormente a cabo por todo el grupo. Poco a poco fueron produciéndose diferencias entre las personas que formaban parte de estos grupos, apareciendo figuras religiosas( chamanes, sacerdotes..etc) que utilizaban la religión para justificar la aparición y el mantenimiento de lideres.

En otras sociedades los lideres surgen en torno a la economía( Se han encontrado yacimientos arqueológicos cuyos almacenes de trigo estaban rodeadas por casas en las que se han encontrado objetos de más valor que en las demás casas del poblado). Es decir, aquellos que cuidaban el trigo, se encargaban de repartirlo etc..se fueron convirtiendo poco a poco en “no productores” y vivían del excedente producido por la plus producción.( Se produce más de lo que se necesita).

Es decir, se pasa de una sociedad que produce para si misma, a una sociedad en la que una mayoría produce para el grupo, entre los que se encuentran personas que no producen y si consumen de esta producción. Con el tiempo, esta clase dominante se fortalece( liderazgo por herencia, por guerras tribales..etc) y además se amplia( Ejercito, religiosos, jefes lideres..)

De esta forma surgen dos tendencias históricas para justificar la aparición del Estado.

Teoría de la integración: Considera que una vez que surge la complejidad social la mejor forma de funcionar sería mediante el Estado.

Teoría del conflicto Social: Explica el Estado como articulador de la desigualdad social para mantener las clases sociales.

Desde luego la perceptiva anarquista del Estado esta bastante clara, considerándolo la herramienta que permite la dominación de una clase sobre otra y la institucionalización del poder. Para nosotros/as, el Estado es una mafia, y se comporta como tal. Nos han acostumbrado tanto a depender de el que tenemos sensación de vacío cuando no nos aporta todo lo que necesitamos, incluso le exigimos que abarque aun más en nuestras vidas, dándose la paradoja de que luchamos por conseguir algo que el Estado se permite el lujo de darnos. Nuestros abuelos/as lucharon, y les costó cárcel y mucha represión por conseguir pequeños logros dentro del sistema (el tan inútil derecho a voto, derechos laborales y sociales..), y no lo hicieron en vano, ya que aunque nos quiten la dignidad no debemos dejarles que nos quiten el pan, pero es importante buscar siempre la alternativa al Estado en nuestra actividad política y no tanto el exigirle o el intentar destruirlo sin más.

Como cualquier organización criminal, busca hacerse necesaria, abarcar cualquier momento de nuestra vida, y nos somete a un alto coste si decidimos salirnos del camino marcado.Han controlado nuestro ocio, a través del consumismo y la droga, han manejado a su antojo a las organizaciones supuestamente combativas..etc. Sería imposible contar a todos los compañeros y compañeras que han acabado en la cárcel, que se han rendido y han dejado de luchar, que se han suicidado o que han muerto intentando combatir este sistema que nos utiliza como mano de obra , a cambio de una pequeña parte de lo que producimos. Es tan triste no tener trabajo como trabajar para el sistema, pero nos presionan tanto que hacen que tengamos que aceptar un misero sueldo a cambio de muchas horas de trabajo, que nos aparta de nuestro ocio y nuestros seres queridos para estar todo el rato produciendo para ellos, hacen que tengamos que decidir entre financiar la lucha con la venta de alcohol antes que tener a una persona en la cárcel, nos hace individualistas y nos obliga a satisfacer nuestras necesidades personales antes que el apoyo mutuo del grupo, hacen que tengamos que sentir cada día rabia por no ser capaces de hacer algo más por llevar la lucha a la practica.

Pero aquí no cambia nada si no lo cambias tú, ellos tienen el poder y tu tienes la opción de obedecer o hacerles frente. Da igual quien diga representarnos, cualquier concentración de poder se volverá en contra de aquellos que luchen contra los privilegios, y usaran a la policía, ejercito y jueces en nombre del pueblo para defender sus intereses. Lo han organizado todo muy bien, han conseguido utilizar en nuestra contra aquellos adjetivos que les caracterizan. Nos llaman violentos..mientras la gente se ahorca por no poder pagar una casa que les ha costado años de trabajo, mientras nos humillan promulgando leyes que siempre les dan beneficios a ellos, mientras torturan en comisaria a cualquiera que se atreva a protestar y mientras tienen encerrados a 75.000 personas que no han sabido adaptarse, según ellos, a su perfecto sistema. Y encima tienen la desfachatez de llamar a esto paz social y de mantenerlo con nuestros impuestos. Y la sociedad se lo ha creído…se ha creído que todo esto es necesario y que necesitamos que nos gobiernen..no ha echo falta toques de queda ni gulags, ni trenes llenos de gente para gasear, han conseguido imponer el sistema capitalista que asesina cada día a 80.000 personas a base de mantenernos engañados/as. Esa es la verdadera violencia y nuestra respuesta es mas que necesaria. Mientras exista esa paz social va a existir ese injusticia social. No sirve de nada luchar por la libertad si tienes esclavos/as o eres esclavo/a. Organiza la rabia y no les dejes que te sigan consumiendo, muerte al estado y viva la anarquía.

http://www.portaloaca.com/opinion/8526-ipor-que-decimos-que-el-estado-es-una-mafia.html#.Uu6Epq2LVPQ.facebook

¿Qué son los registros akásicos?…

Los registros akásicos o akashicos, son archivos místicos que contienen todo el conocimiento trascendental, la historia del cosmos y la información de cada alma que existe y ha existido; en otras palabras, son la huella de la creación inscrita para siempre y desde siempre en una dimensión alterna.

También conocidos como la “mente de Dios,” los registros existen en un plano etéreo y están codificados de manera que pueden ser entendidos sólo por aquellos que logren descifrarlos.

Akasha es una palabra en sánscrito que literalmente significa cielo o espacio, y que místicamente ha sido interpretada como substancia esencial, aquello de lo que todo está hecho.

En hinduismo akasha se refiere a la substancia de donde los cuatro elementos – fuego, aire, tierra y agua – han sido creados.

El acceso a los registros es un tema controversial. Algunos afirman que éstos pueden ser leídos por cualquier individuo capaz de alterar su consciencia y sintonizarse como una antena, ya sea por métodos naturales como la meditación, o artificiales, como drogas. Otros creen que los verdaderos registros sólo pueden ser leídos por almas avanzadas o con un don especial.

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Se cree que sintonizarse con los registros nos ayuda en nuestro camino espiritual. Al tener acceso a la información mística que nos explica de dónde venimos y cuál es el propósito de nuestra existencia, somos capaces de entender nuestras acciones – incluyendo lo que consideramos errores – descubriendo nuestro potencial y superando cualquier obstáculo para cumplir nuestra misión en esta vida. En otras palabras, sintonizarse con los registros es alinearse con la esencia divina y descubrir los misterios que rigen nuestra vida y nuestra conexión real con la energía creadora. Es una experiencia sanadora e inspiradora.

Obviamente los registros no están escritos en palabras sino en vibración energética que no responde al tiempo y al espacio. Es por esto que muchos afirman que conectarse con los registros, más que información, brinda un despertar y activa la divinidad que todos tenemos dentro; es la chispa que inicia nuestra iluminación.

Cada individuo que ha existido tiene un código energético único y su correspondiente registro akásico. Algunos afirman que al estar todos conectados a la esencia y entre sí, todos podemos acceder a toda la información de la creación a través de los registros. Otros tantos creen que sólo tenemos derecho a nuestros registros y necesitamos permiso para acceder a cualquier otra información akásica.

De cierta forma, tener acceso a nuestro registro es como usar un GPS. Imagínese manejando su coche con la idea del destino al que quiere llegar. Da vueltas, gira a la derecha o a la izquierda, quizás a veces se devuelve y empieza de nuevo. A lo mejor hace varias paradas en su recorrido. El registro akásico sería similar – y en un paralelo bastante superficial – a tener un GPS y ver el mapa completo. En ese momento se vería usted en el presente, pero también vería el recorrido que ha hecho y el destino final. De pronto en ese momento entendería que aquel giro que hizo no fue necesario, o que se ha desviado del camino, o que siempre tiende a tomar la misma ruta aunque ésta no lo lleva a ningún lado, o que hay rutas más directas que pudiera tomar.

La información y el entendimiento del mapa pueden ayudarle a encontrar el camino, pero en el caso de akasha, también le ayuda a entenderse, perdonarse y sanarse usted mismo por cualquier desvío que haya tomado.

A veces es necesario ver el mapa en perspectiva, y no sólo desde la calle por donde transitamos.

Para conectarnos con nuestro registro akásico hace falta paciencia, disciplina e intención. También es necesario saber reconocer la información que nos llega y descifrarla.

Aprender a meditar profundamente es el primer paso. La meditación ayuda a deshacerse de la censura que nuestra mente y cuerpo impone al alma. Al silenciar los pensamientos y emociones, podemos acceder a un estado profundo y sólo en este estado podremos leer nuestros archivos. La intención es indispensable para canalizar la experiencia hacia la información que queremos encontrar.

También es importante entender qué son y qué no son los registros. Estos archivos no son una manera de adivinar o manipular el futuro, ni una película de vidas pasadas, ni una excusa para alejarnos de nuestra realidad, ni tampoco una alternativa a otro trabajo espiritual que debemos desarrollar. Los registros son una herramienta poderosa de iluminación y la posibilidad de encontrar de nuevo nuestra conexión con la esencia divina.

http://nuevaera.about.com/od/Creencias/a/Qu-E-Son-Los-Registros-Ak-Asicos.htm

Pero… ¿aún existe la Constitución?

No hay mucho que celebrar este 6 de diciembre. La Constitución cumple 35 años y ha inaugurado el único periodo auténticamente democrático de nuestra agitada historia, un periodo de estabilidad política, conexión a Europa y modernización social y económica sin parangón. Pero ya no es el texto vivo que recoge el acuerdo básico y fundacional de la convivencia, sino un documento político coagulado, en parte incorporado a la legislación y la jurisprudencia, pero en parte claramente superado por la realidad. Que hayamos reformado la Constitución sólo dos veces, y por exigencias europeas, es una anomalía impresentable en comparación con cualquier otro país. Esta impotentia reformandi conecta con lo peor de nuestra tradición histórica, en la que nunca hemos reformado texto constitucional alguno, sino que las Constituciones han nacido previo asesinato de la anterior a manos de las mayorías de turno.

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Como norma jurídica suprema, la Constitución no tiene un gran pedigrí en nuestra historia política: desde 1812 hemos tenido Constituciones formales (textos escritos denominados “Constitución”) y Constituciones materiales (reglas de juego político establecidas por quien tiene de hecho la autoridad). Norma y realidad han caminado por separado. Solo la Constitución de 1978 intentó fundir ambas, la formal y la material. Durante un tiempo lo consiguió, pero hemos vuelto a las andadas. Muchas decisiones constitucionales son adoptadas al margen del texto llamado Constitución: por ejemplo, el Estatuto de Cataluña, el matrimonio entre homosexuales, la reforma local, los cambios en los órganos constitucionales, como el Consejo del Poder Judicial; bastantes decisiones sobre derechos fundamentales, etcétera. Norma y realidad han vuelto a divorciarse. Por supuesto que, de hecho, reformamos a menudo la Constitución: lo hacemos a través de la ley o a golpe de sentencia del Constitucional. Esto no requiere tener que pactar con los adversarios ni, especialmente, someter el asunto al electorado.

La idea clave de la Constitución es su consideración como conjunto de reglas del juego permanentes frente a las reglas estratégicas que en cada caso imponga la fuerza mayoritaria. Pues bien, tenemos serios problemas para alcanzar consensos sobre las reglas de juego (la vida política española es una cultura, por así llamarla, de enfrentamiento y crispación, por lo menos en su teatralización cotidiana). Y, además, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde hay una auténtica veneración (o, al menos, respeto) ciudadano por su Constitución, la de España ni es bien conocida, ni es especialmente querida, aunque se valore su aplicación. La Constitución española no es en 2013 ni un documento efectivo ni afectivo.

Se produce en este punto una interesante paradoja: casi todos opinan que hay que reformar la Constitución, y al tiempo dicen que es imposible o inoportuno. Pero si no reformamos ahora la Constitución, en plena crisis económica e institucional y cuando es evidente que todos y cada uno de sus títulos deben ser modificados (ya llevamos mucho retraso acumulado), ¿cuándo lo haremos? ¿En un momento de tranquilidad política y económica (si es que finalmente arribamos a él)? ¿No diremos entonces que la reforma es innecesaria? El problema es que los actores políticos se han acostumbrado a actuar al margen de la Constitución formal y lo hacen en la penumbra de la material. La única barrera a este proceder es el Tribunal Constitucional, y de ahí los esfuerzos, en gran medida conseguidos, para politizarlo en clave partidista y neutralizarlo.

Creo que hay que reformar a fondo la Constitución para incorporar todo lo que hemos aprendido y todo lo que necesitamos para regenerar la vida democrática después de 35 años de régimen constitucional. Nos enfrentamos a nuevas realidades con el ajuar de ideas de un mundo ya antiguo. Hace falta no un simple lifting, sino cirugía. Los partidos deben pasar de ser la institución privilegiada —esto tuvo su sentido en 1978, pero no en 2013—, a la más controlada (sobre todo en el reclutamiento de líderes, financiación y transparencia); y hay que abrir espacios a la ciudadanía y su participación: abrir las listas, hacer más proporcional el sistema electoral, reformar el régimen del referéndum (es otra absoluta anomalía que solo haya habido dos referendos en 35 años), etcétera.

Hay que actualizar el régimen de la Monarquía. El Parlamento y sus instituciones auxiliares (sobre todo el Tribunal de Cuentas) deben reforzar sus facultades de control del Ejecutivo. Hay que suprimir el carácter constructivo de la moción de censura. El sistema de cooptación de vocales del Consejo del Poder Judicial y, sobre todo, del Tribunal Supremo y del Constitucional debe cambiar radicalmente: ¡los partidos no pueden pretender suprimir o amortiguar la persecución de la criminalidad gubernativa! La lucha contra la corrupción debe adquirir estatura constitucional. El Tribunal Constitucional, donde hay muchos finos juristas y algunos de mis mejores amigos, está desde hace años completamente a la deriva. La estructura del Gobierno y de la Administración actuales remiten más al siglo XIX que al nuestro. Hay que limitar el indulto, exigiendo motivación rigurosa. Actualizar el catálogo de derechos fundamental y llevar a la Constitución los temas principales (ahora mismo hay miedo o desinterés por hacerlo): el aborto, sí o no, y bajo qué condiciones; hay que incluir el matrimonio homosexual; el enorme desarrollo que se ha producido en España del derecho a no ser discriminada por género; las libertades educativas (para evitar el penoso juego partidista de pimpón sobre ellas); los derechos de los emigrantes; el derecho a la protección de la salud y sus estándares inderogables, etcétera.

El artículo sobre las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas debe ser repensado: ya no estamos en 1978. También el estatuto del Ministerio Fiscal necesita una reflexión, sobre todo si se le quiere dar la dirección de la instrucción penal que ahora llevan los jueces. Por supuesto, ya ni hablo de los temas territoriales y de la perentoriedad de su reforma: del engarce con Europa; de la necesaria reforma del Estado de las Autonomías (aunque, insisto, creo que ese modelo, lo llamemos como lo llamemos —porque en gran medida el debate es sobre palabras— es el único que puede darse entre nosotros porque permite al mismo tiempo elementos federales y confederales), de la reforma local, que es tan importante que tiene estatura constitucional y tendría que haberse pactado entre las principales fuerzas políticas (en conexión, por cierto, con la reforma autonómica): hacerlo como se ha hecho es empezar rematadamente mal. Y mil temas más: ¡casi nada se salva! Habría que empezar por reformar el sistema de reforma de la Constitución, que es prácticamente intransitable y exigir siempre que pase por las urnas. En 1978 había, lógicamente, miedo a los cambios y obsesión por la estabilidad gubernamental y porque los partidos controlaran la vida política frente a una ciudadanía no organizada y sin cultura democrática. Todo esto ha cambiado. Hoy tenemos una democracia asfixiada por las élites de los partidos políticos.

Y ese es el problema: los únicos que pueden cambiar de verdad el sistema, los partidos (sobre todo, el que en cada momento es mayoritario), son los principales interesados en no alterar el statu quo tan beneficioso para ellos (¿se acuerdan de lo de la élite extractiva?). Podrán alegar que no es necesaria la reforma constitucional porque, con el desafío independentista catalán en marcha, sería como echar gasolina al fuego. Como si ese desafío no requiriera una respuesta constitucional. O que arreglando la economía lo demás vendrá por añadidura, como si la crisis económica no fuera al mismo tiempo (en un movimiento de causa y efecto) una crisis de las instituciones. Pero la causa principal de no reformar la Constitución es que, desde hace tiempo, los actores políticos se han acostumbrado a actuar ignorándola. Tenemos una Constitución formal, cada vez más débil, y una material (el gobierno de las mayorías de turno), cada vez más potente (sobre todo si se le añade el argumento de la excepcionalidad frente a la crisis económica). Frente a esto, urge reformar la Constitución. Es el único homenaje sincero que se le puede hacer: lo demás es cinismo o vacuidad.

Fernando Rey Martínez forma parte del Consejo Consultivo de Castilla y León y es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

http://elpais.com/elpais/2013/12/03/opinion/1386071781_623955.html

¿Qué es más importante para un estado, la ignorancia o la represión?…

Un estado no puede dominar a un pueblo ignorante si no aplica la represión, considerándose estado fallido y estableciéndose ‘paraestados‘, de nuevo forma coercitiva, o ‘formas tradicionales’ de organización en su territorio. Pero un estado si puede dominar a un pueblo culto por medio de castigos y miedo.

Por lo tanto la principal fuerza del poder es la violencia, ejercida por sus cuerpos represores justificadas por sus leyes, todas ellas punitivas.

La ignorancia junto con la coerción son los medios que se usan para no tener que emplear la violencia, cuyo fin es que no se frene la producción.

Es cierto que la única manera de combatir al estado, piedra angular del dominio de los pueblos, es la organización, y que esta no existiría sin el conocimiento y la reflexión. Pero al estado no se le combate con reflexiones, sino con organizaciones, su representación física.

Más allá de la mente existe un mundo físico al cual no hemos sido capaces de dar el salto salvo en contadas situaciones. En ese mundo hay unas personas que controlan un  sistema que dispone de psicópatas descerebrados y embrutecidos que lo protegen por medios de palizas, secuestros y asesinatos. Pero aunque fuesen cultos también harían su trabajo: razón dinero.

El control de la violencia legítima del Estado es lo que realmente se disputa cada día

http://tarcoteca.blogspot.com.es

España, ¿podemos considerarla un estado fascista?…

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Por qué España es un Estado fascista:

1. España carece de Constitución, durante la transición no se abrió un periodo constituyente, jamás se convocaron elecciones para una asamblea constituyente, la Constitución es nula y según la doctrina jurídica del “fruto del árbol envenenado” todo lo que deriva de un acto nulo es igualmente nulo, la única legitimidad del Estado actual deriva de su victoria en la guerra civil.

2. La legislación fascista (represiva y no represiva) jamás fue derogada, el Estado actual nunca se ha desligado del anterior, la jurisprudencia que se sigue invocando hoy como argumento ante los tribunales es la que procede de los jueces franquistas, los cargos dirigentes del aparato judicial han sido copados por los sectores más reaccionarios del fascismo, como el Opus Dei.

3. La Constitución no reconoce e impide reconocer el derecho a la autodeterminación de las naciones, que es un derecho democrático y cuyo ejercicio en España se configuró en 2003 como delito.

4. La transición jamás exigió responsabilidades políticas por los crímenes fascistas, jamás se depuraron a los aparatos del Estado, los fascistas siguieron en sus cargos, e incluso ascendieron, fueron premidos y condecorados.

5. Los demócratas, las víctimas del fascismo y los represaliados por el terrorismo de Estado jamás han sido reconocidos y rehabilitados; siguen siendo considerados como bandidos y terroristas.

6. La transición fue un baño de sangre, el régimen asesinó a 600 antifascistas de diversas organizaciones y a otros que no pertenecían a ninguna organización.

7. Los detenidos políticos se contaron por decenas de miles, los periodos de detención eran de diez días y la mayoría de ellos fueron brutalmente torturados, detuvieron a los antifascistas, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos y a los abogados que les defendían.

8. La transición se llevó a cabo en medio del pánico masivo a un golpe de Estado militar que volviera la situación de la posguerra si las masas seguían protestando: “o tragas o damos marcha atrás”; hay que recordar la Operación Galaxia, el golpe de Tejero y las múltiples declaraciones intimidantes de los jefes militares.

9. El Estado fascista creó, financió y protegió organizaciones parapoliciales como el Batallón Vasco Español, los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A, los GAL que actuaron impunemente durante años, asesinando e intimidando a las masas.

10. En España la suspensión de garantías constitucionales es general y permanente según el artículo 55 de la Constitución, lo cual supone que no existe el derecho a la libertad, ni el derecho a la intimidad, ni a la presencia de un abogado durante el periodo de detención, la transición se llevó a cabo bajo un estado de excepción y el imperio de la legislación llamada antiterrorista.

12. Durante la transición los partidos políticos no se legalizaron sino que tuvieron que “pasar por la ventanilla” (pasar por el aro), incluso partidos hoy legales, como ERC y otros, como el PCE(m-l) o el carlista; ni siquiera legalizaron a las asociaciones de familiares de los presos políticos, hoy está vigente la Ley de Partidos, algunos partidos legales han sido ilegalizados y otros no se han legalizado jamás, como el PCE(r).

13. Desde 1939 hasta hoy en España existen presos políticos, es el país de Europa con mayor número de presos políticos, no ha habido ni un dia sin presos políticos porque no ha habido ninguna clase de amnistía

14. En 1977 se creó ilegalmente la Audiencia Nacional, un tribunal fascista que aún subsiste y que sigue encargado de perseguir a los antifascistas en delitos políticos típicos como las injurias a la monarquía, además de la resistencia de las organizaciones armadas.

15. España es el país del mundo con mayor número de personas desaparecidas; en la posguerra fueron censados más de 100.000 casos; los más recientes proceden de la transición: son los de Eduardo Moreno Bergaretxe, “Pertur”, José Miguel Etxeberria “Naparra” y Jean Louis Larre, “Popo Larre”, aunque hay otros pendientes, como el de Santiago Corella “El Nani” o Antonio Anglés.

16. La desaparición es un crimen de lesa humanidad que no prescribe nunca, pero en 76 años, aquí no se ha juzgado ni un solo caso de ellos; ante esa impunidad, son los jueces argentinos los que están investigando los delitos cometidos por el franquismo.

17. Niños recién nacidos de personas humildes han sido secuestrados desde el final de la guerra hasta hoy con intervención de la Iglesia católica para ser adoptados por los fascistas, militares y oligarcas, la impunidad es total: no se ha investigado, ni juzgado, ni condenado a nadie, las familias no saben donde están sus hijos, los hijos no saben quiénes son sus padres.

18. El derecho de huelga se convierte en un delito de sedición en la Ley fascista de Movilización Nacional de 1970, que sigue vigente y que por decreto del gobierno permite convertir a los obreros en soldados sometidos a la disciplina de los tribunales militares.

19. No hay libertad de expresión sino diversos delitos, como el de apología del terrorismo que conducen a una estricta censura de los artículos de prensa y radio, así como de las letras de las canciones.

20. Hay dos instituciones especialmente intocables, la monarquía y el ejército, que vienen a ser lo mismo, los jueces consideran como delito incluso la quema de las fotos del rey, las críticas al rey no son un derecho sino un delito de injuras por el que han sido condenados muchos periodistas y otras personas que no lo eran, en 2009 fue condenado José Antonio Barroso Toledo, alcalde de Puerto Real, en un acto conmemorativo del aniversario de la II República por unas declaraciones contra la monarquía, el año pasado la Audiencia Nacional condenó por delitos contra la Corona al grupo musical “Ardor de estómago” y abrió diligencias contra el coronel Martínez Inglés por lo mismo.

21. Durante la transición fueron sistemáticamente perseguidos, denunciados, juzgados y condenados todos los periódicos y periodistas progresistas que llevaron a cabo algún tipo de denuncia de la continuidad del fascismo y sus crímenes, el último de ellos es Alfredo Grimaldos condenado en 2009 por el Tribunal Supremo por su libro “La sombra de Franco en la transición”.

22. El cierre de determinados periódicos, como Egunkaria, fue un auténtico crimen de Estado porque era el único en el mundo en una lengua tan característica como la vasca, que hubiera debido ser objeto de especial reverencia en un país democrático.

23. En la década de los años ochenta fueron cerradas casi todas las radios libres.

24. Han incautado y cerrado periódicos y revistas como Hermano Lobo, Triunfo, Egin, El Jueves, Crash, Área Crítica, dirigida por Alfredo Grimaldos y muchas otras.

25. Han clausurado varios blogs y páginas web, la más conocida de las cuales es Antorcha, cerrada en 2008, el año anterior cerraron la de El Jueves, otras se cerraron ellas solas el año pasado tras la aprobación de la “Ley Sinde” por puro pánico en un ejercicio de autocensura que ha afectado a una de cada diez de las páginas de enlaces.

26. Han censurado y prohibido conciertos de música, discos y vetado a grupos musicales, como Sociedad Alcohólica; en 2007 fue condenado Rivas Leyva, cantante de hip hop del grupo canario “Poetas de la Calle” por una letra contra el rey y la guardia civil, el año pasado la Audiencia Nacional detuvo a los raperos Pablo Hasél y Marc Falcó.

27. Los delegados del gobierno prohiben casi 300 manifestaciones al año, que siempre versan sobre los mismos asuntos, es decir, que la censura se ceba siempre sistemáticamente sobre determinadas protestas, como las manifestaciones ateas en Semana Santa, las multas en las manifestaciones se han disparado en los últimos años como medio intimidante no sólo para convocar sino para acudir a ellas.

28. Ha desaparecido el derecho a la intimidad, el control policial de la correspondencia, del teléfono y de los correos electrónicos es total, absoluto y sin ninguna clase de control judicial.

29. Ya no hay procesos judiciales de extradición sino entregas automáticas de una policía a otra (órdenes europeas de detención), ha desaparecido el derecho de asilo político (salvo si eres un gusano cubano y similares).

30. La Iglesia católica aún no ha sido separada del Estado, se ha convertido en un negocio espiritual libre de impuestos, el Estado la financia a través de la enseñanza concertada, los obispos disponen de facultades públicas, como las notariales, que utilizan para apoderarse de tierras y fincas que no son suyas

(Los países democrático-burgueses también pueden tener alguno de estos rasgos; pero sólo España los tiene todos al mismo tiempo)

Javi Sánchez

Fuente: http://www.twitlonger.com/show/n_1rlcahl

¿Qué es el “anarquismo” ?…

A menudo se ha pretendido identificar al vocablo anarquismo (y a la anarquía) con el caos, el desorden y el terror. Si miramos la definición que el termino anarquía hace en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos encontramos con que ésta se identifica con -Desconcierto, incoherencia, barullo-. Pero esta definición realmente peca de incierta e interesada ya que se consigue una carga semántica negativa hacia la palabra por su simple identificación con valores negativos (desorden, caos,…).

El origen del término anarquismo se sitúa en la voz anarquía, derivada del griego y que significa –sin gobierno-. El anarquismo antes que nada, es una filosofía política, es decir una filosofía aplicada a campos prácticos de la vida humana, pero esencialmente a lo sociopolítico. Por ello se hace necesario un acercamiento a la ideología libertaria a partir de las ideas filosóficas fundamentales (a la concepción el mundo) que comparten los distintos planteamientos anarquistas. Veamos a continuación cuales son las bases filosóficas.

La idea de libertad

La idea libertaria o anarquista tiene como eje fundamental la libertad. Precisamente por hacer de la libertad su tema central, la filosofía anarquista se llama también libertaria, termino que acuño Sebastián Faure. La originalidad de la ideología anarquista respecto a la consideración de la libertad es la afirmación de que en ningún plano se logra esta efectivamente por su negación provisional o por su abdicación. Es decir, se entiende la libertad como bien máximo, que no puede estar condicionado a ninguna situación restrictiva. Se entiende, asimismo, que la libertad es la condición especial del ser humano. Por lo tanto, la realización de su esencia libre, puesto que la alineación de la que es victima el ser humano por los mecanismos de la sociedad actual le impide realizarse conforme a lo que seria su principal característica antológica. La libertad desde el anarquismo es entendida en un marco de igualdad.

Es una ideología para todas las clases oprimidas y explotadas, siempre que su liberación no pase por la opresión y la explotación de clases. Esta opción pasa por posicionarse contra toda autoridad que niegue la autonomía humana, contra toda institución que ejerza la represión y el control sobre las personas, aspecto que se sintetiza en la expresión PODER, que para el anarquismo tiene una significación eminentemente peyorativa.

El principio de libertad en correlación con la igualdad y la solidaridad se resume en una famosa frase de M.Bakunin:… Yo no seré verdaderamente libre hasta que todos los hombres y mujeres que me rodean sean también libres. La libertad del otro, lejos de suponer una limitación para mi libertad, es una condición indispensable para su realización… El anarquismo niega la aparente contradicción entre libertad individual y bienestar colectivo que el marxismo clásico remarca en el sentido de reforzar el polo de lo social-estatal, la libertad solo se entiende como libertad solidaria.

Por ello, el anarquismo también difiere del liberalismo en su modo de entender la libertad, puesto que la ideología burguesa descuida el aspecto comunitario. En este sentido, conviene recordar que aunque el anarquismo coincide con algunos planteamientos de algunas corrientes del liberalismo en cuanto a la defensa de la autonomía individual (especialmente con el liberalismo radical de Emerson, Thoreau, etc.) difiere fundamentalmente en cuanto que es un socialismo, y que por tanto no admite las clases sociales ni la propiedad privada, es decir, el modelo socioeconómico capitalista.

En el anarquismo la libertad no es solo la finalidad futura de la lucha, sino que es también la principal característica de la estrategia que se desarrolla ahora: la libertad no puede postergarse bajo ningún pretexto, solo la libertad nos lleva a la libertad. En las palabras de García Moriyon … la libertad no es solo una meta, sino también un camino… Este rasgo diferencia esencialmente a las teorías marxistas de las anarquistas, puesto que las primeras admiten la transitoriedad de medidas contradictorias con una sociedad libre e igualitaria (dictadura del proletariado, participación eventual en la democracia burguesa, etc…) mientras que en las segundas la libertad se convierte en una practica actual. Se trata de ir creando las condiciones materiales en las que el ejercicio de la libertad se posible, para ir configurando la sociedad futura. El anarquismo afirma, pues, que en el camino esta la meta.

La idea de Naturaleza
La libertad, para el anarquismo, supone también la aceptación de las leyes de la naturaleza. En cuanto ser natural, el ser humano esta sometido a determinismos biológicos. El anarquismo, heredero de la tradición cientificista del siglo XIX (sobre todo del positivismo y de la dialéctica hegeliana), parte de las bases de las leyes naturales son ineludibles, pero este reconocimiento de las determinaciones biológicas no significa un determinismo absoluto. La originalidad del ser humano radica en poder conocer y dominar poco a poco los determinismos naturales, puesto que sus instintos rígidos son escasos, y debe por tanto, inventar los medios de supervivencia. Esta capacidad de inventiva, de creación, hace que la especie humana tenga un mayor componente conductual de carácter cultural que un componente conductual de carácter instintivo.
Para la mayoría de los teóricos anarquistas las leyes naturales, en el ámbito relacional, no conduce a la competición y la violencia, sino que están regidas por el principio del apoyo mutuo. Existe una percepción positiva del medio natural, en la línea de Rousseau. Esta es la idea principal que P.Kropotkin desarrolla en su obra “El apoyo mutuo – Un factor de evolución”. Este autor geógrafo y biólogo a la par que teórico social, contradice al darwinismo social afirmando que la evolución natural se sustenta sobre la colaboración entre los miembros de una especie y aun entre las distintas especies de la naturaleza. Su teoría le lleva a afirmar que la anarquía será el producto inevitable de la evolución de las leyes naturales en la sociedad humana. Para los pensadores anarquistas mas vinculados al cientificismo kropotkiniano y a los planteamientos de Bakunin, la razón ( y por lo tanto, la moral, la política, la educación, etc.) se identifica con la necesidad natural, y la libertad, por lo tanto, cosiste en la aceptación de esa necesidad. Otros autores como Errico Malatesta, e muestran críticos con este de algún modo determinismo optimista de la conducta libre, e incide mas en el voluntarismo del ser humano, y por lo tanto quitan peso a las determinaciones naturales.
Pero todos vienen a reconocer la necesidad de aceptar las leyes naturales, aunque esta aceptación no supone sumisión ni rigidez, puesto que, como veíamos en el punto anterior, la característica esencial del ser humano es la de ser libre.
La moral anarquista
El anarquismo trasciende la propuesta política para situarse también en el plano moral. Entiende que la verdadera revolución debe darse no solo en las estructuras socioeconómicas y políticas, sino también en la moral y la ética. El fundamento de la moral anarquista se sitúa en la crítica a la moral burguesa y en la consideración de que los males actuales son, en buena parte, el resultado de opciones morales negativas. La moral burguesa traiciona el ideal de progreso y emancipación de la humanidad (esto ocurre desde la Revolución francesa), y justifica las relaciones de poder y explotación, siendo su característica principal la hipocresía, pues la burguesía se disfraza de toda serie de enunciados cívicos y de leyes de apariencia democrática que no son mas que un refinado disfraz para ocultar el dominio sobre las clases oprimidas y su marginación.
Por tanto, la opción moral anarquista empieza por criticar la insolidaridad el lucro y el espíritu de competición, y propone los valores de solidaridad, la igualdad y la libertad como supremos. La solidaridad y el apoyo mutuo es la alternativa que la ideología libertaria ofrece frente al orden burgués. El anarquismo entiende que el autentico motor de la historia y la vida no es la lucha individual por la subsistencia (como propone el neodarwinismo social), sino el esfuerzo colectivo por sobrevivir, la solidaridad entre los miembros de una sociedad. Este principio lo desarrolló ampliamente P Kropotkin en el Apoyo Mutuo – Un factor de la evolución, y La moral anarquista, obras que suponen en gran parte el punto de referencia de las diversas tendencias anarquistas en cuanto a la concepción de la historia y la moral.
La solidaridad es la clave de una sociedad mejor y solo desde su práctica en la actualidad se puede construir la sociedad altruista futura. Por eso en las organizaciones libertarias y obreras sus miembros deben practicar rigurosamente las actitudes morales que predican (no puede haber contradicciones entre la moral en la vida publica y la moral en la vida privada) y la organización obrera deberá mostrar en su funcionamiento interno un tipo de relaciones opuestas a las vigentes en la sociedad actual. Por otro lado, el anarquismo defiende que solidaridad, la abnegación y el sacrificio por los demás no son propiedad de las religiones, las cuales han procurado apropiárselos para sobrevivir, al fortalecer su apariencia moral. Como ya hemos dicho la solidaridad y la libertad van unidas de la mano en el anarquismo, y por lo tanto, la moral del apoyo mutuo no puede ser impuesta, no puede basarse en sanciones legales, sino en el consejo, la persuasión o la coacción moral (como propone Ricardo Mella).
La coherencia doctrinal del anarquismo exige que la sociedad alternativa se busque mediante la libertad, sin procedimientos autoritarios, lo que lleva a la defensa de una concepción ética de la política basada en la coherencia entre medios y fines. A la libertad solo se llega practicando la libertad, a la solidaridad, practicando la solidaridad, a la autogestión, practicando la autogestión… Esto supone situarse en contra de la mayor parte de la tradición política occidental, que basa su actuación en el maquiavelismo político, considerando que los fines justifican los medios. La subordinación de los medios a las circunstancias supone desvalorizar la vida actual y potenciar comportamientos sumisos y resignados, por tanto solo una ética radical puede hacernos llegar a una sociedad totalmente libre e igualitaria.
 
Texto extraido del libro Anarquismo y Educación, La propuesta sociopolitica de la pedagogia libertaria de Francisco Jose Cuevas Noa, Fundacion Anselmo Lorenzo, Madrid 2003

¿Qué es la desobediencia civil?…

“Quebrantar la ley por razones de conciencia sin huir de la pena”. Esta es la definición de Ramón Cotarelo. El catedrático de la ciencias políticas en la UNED explica que “la desobediencia civil consiste en negarse a obedecer una ley pero respetando el sistema jurídico en su conjunto. Es un acto de individualismo sumo por motivos de conciencia y nunca por razones personales”.

La desobediencia civil no tiene nada que ver con la delincuencia, según Cotarelo. “El que se resiste al poder y no huye está haciendo una acción ejemplar”, asegura. “Como hacían los insumisos que iban a la cárcel por no estar de acuerdo con el servicio militar en España”.

Es más, este tipo de resistencia es uno de los puntales de una democracia. “Es un arma que tienen las sociedades democráticas y es un reto que deben asumir todas las comunidades y todos los individuos. El reconocimiento de la supremacía de la ley supone que hay que admitir que una ley puede ser injusta”, apunta el doctor en ciencias políticas y sociología. “Esto no ocurre en los totalitarismos. Al tirano le da igual lo que piense o haga un individuo”.

La desobediencia civil es un “tema de conciencia”, insiste Cotarelo, y por eso “su fuerza reside en la generalización de una conducta”. Empieza desde la individualidad, como hizo Rosa Parks cuando se negó a ceder su asiento en un autobús a una persona de raza blanca. La costurera estadounidense fue encarcelada por alteración del orden público y, en respuesta, surgió la protesta generalizada en los autobuses públicos de Montgomery liderada por Martin Luther King. El movimiento que comenzó con un ‘no‘ individual consiguió que la Corte Suprema de EE UU declarara en 1956 que la segregación racial en el transporte iba en contra de la constitución. “La desobediencia civil es una chispa que hace que se incendie la pradera”, apunta el catedrático.

El concepto de la desobediencia civil es una “reflexión sobre los límites del poder”, explica Cotarelo. “La otra cara del poder es la obediencia. Si nadie se plantea por qué hay que obedecer al que manda y qué justificación tiene el que manda, no habrá desobediencia ni legitimación de su poder”.

Los orígenes…

Es probable que la resistencia de un individuo frente al poder surgiera desde que nació el poder mismo pero pongamos una fecha en la historia reciente. Ramón Cotarelo habla de Sócrates como el primer desobediente civil. El filósofo griego (470-399 aC) fue acusado y condenado a muerte por despreciar a los dioses y corromper la moral de los jóvenes. El ateniense no huyó de la justicia, como le proponían sus amigos. Acató la sentencia y bebió la cicuta que acabó con su vida.

“Aparentemente, Sócrates acepta el poder de la autoridad ateniense y su condena a muerte. Ni siquiera recurre. Renuncia a salvar su vida y asume la pena”, señala el docente. “Damos por supuesto que desobedeció la ley públicamente por razones de conciencia. El proceso de Sócrates es muy ilustrativo. Es un asesinato legal”.

El cristianismo fue el primer movimiento de nuestra era que se enfrentó al poder, de acuerdo con Cotarelo. “Los cristianos eran perseguidos en el Imperio Romano y tenían que justificar por qué no obedecían al emperador. Pero no estaban ni por criticar ni por desobedecer al poder porque, como San Pablo dijo claramente, dios delega en los gobernantes su poder en la tierra. Esta concepción cristiana originaria establecía que había que someterse al poder aunque fuese tiránico porque ya le castigaría dios”.

Tomás de Aquino, en el siglo XIII, planteó la cuestión de qué hacer con un gobierno cuando era tiránico. “Este teólogo habló del tiranicidio aunque después reculó”, comenta Cotarelo. “Con la reforma protestante se plantea el tema del alcance del poder sobre las creencias de una persona. ¿Tiene el poder derecho a imponerte sus creencias?”.

Pero en el siglo XVI llegó el absolutismo político a algunos países de Europa. Los reyes justifican su autoridad y legitimidad por derecho divino. Dios elige a los gobernantes y solo tienen que rendirles cuentas a él. “Esta concepción filosófica es el origen de despotismos, tiranías y barbaries solo superadas por el nazismo”, indica el politólogo.

“Pero ¿qué ocurre cuando los súbditos no quieren adoptar la religión del gobernante? En aquella época no había derecho a la resistencia. Tanto los católicos como los protestantes llegan a la conclusión de que han de resistirse y su deber moral es matar al tirano”, continúa.

Los siglos siguientes (XVII y XVIII) son, según Cotarelo, “defensores de la tolerancia”. “John Locke publica Ensayos sobre el gobierno civil (1660-1662) y dice que el único gobierno legítimo es el consentido por los ciudadanos. Más tarde escribió un Ensayo sobre la tolerancia (1667). Su obra está en la base de las democracias modernas y tiene una influencia decisiva en la Declaración de Independencia de 1776 y en la posterior constitución de 1789 de EEUU”.

Las tensiones con el poder continuaron hasta que la Historia escribió, en el siglo XIX, el capítulo que protagonizó Henry David Thoreau. Después llegaron Mahatma Gandhi, Rosa Parks y Martin Luther King. “A partir de ese momento la resistencia se presenta como algo ennoblecido”, dice Cotarelo. “Pero muchas cosas que han ido consiguiendo los humanos a lo largo de los siglos no se pueden dar por supuestas. Vivir una vida plena requiere un esfuerzo. La voluntad de una sociedad de vivir conforme a la justicia y la libertad es esencial”.

Cotarelo pasa de la historia a la actualidad. Y del mundo occidental se sitúa específicamente en España. “Estamos perdiendo derechos conquistados en el siglo XX que parecían irreversibles”, indica el experto en desobediencia civil. Hoy la mayoría de los ciudadanos tenemos una estrategia clara: sustituir un gobierno inicuo por otro más justo y más actual. Lo que no está definido es la táctica. Podríamos, por ejemplo, hacer una campaña para negarnos a pagar el impuesto sobre la renta del año que viene en protesta por la falta de transparencia del gobierno, por la corrupción y en desacuerdo con las políticas que lleva a cabo. Habría que montar un banco ciudadano y pagar ahí nuestros impuestos. Porque no nos negamos a contribuir con nuestros impuestos. Lo que no queremos es que ese dinero sirva para pagar unas políticas con las que gran parte de la población no está de acuerdo”, propone el sociólogo.

“Hacer esto de forma individual provoca miedo en muchas personas. Pero si creamos un sistema de defensa para protegernos, podemos hacerlo. El acto individual, cuando se generaliza, cambia la historia”.

 

Moción de censura, ¿a quién?…

Los socialistas de Rubalcaba no están en disposición de protagonizar una iniciativa de este tipo porque el retroceso del cañón podría ser letal para su líder

El debate se ha instalado, en principio de manera tímida, en el seno del PSOE, hasta el punto de que hay quien argumenta que si no es ahora no va resultar posible encontrar otra oportunidad más clara para plantearle en el Parlamento una moción de censura a Mariano Rajoy. La verdad es que no me extrañaría demasiado que detrás de quienes defienden esta posibilidad se encuentren algunos enemigos políticos de Rubalcaba que adivinan el final de su liderazgo tras una iniciativa de este tipo. El mecanismo es legal, legítimo y se encuentra perfectamente regulado, pero constituye un arma de doble filo y ejemplos hay en los dos sentidos.

Incluso con la convicción de no tener posibilidad alguna de triunfo, el PSOE planteó una moción de censura a Adolfo Suárez dos años antes de llegar al poder. Aquellas sesiones, de una altura parlamentaria hoy impensable, eran difundidas por la noche, en diferido, por TVE y concitaron la atención de todo el país. Aquello no sirvió para remover al entonces presidente de UCD, pero cumplió a la perfección el objetivo de evidenciar ante la opinión pública la existencia de un candidato alternativo y supuso, en consecuencia, la entronización de Felipe González al que todo el mundo vio y percibió, a partir de entonces, como creíble y solvente candidato a La Moncloa.

En sentido contrario la lamentable moción de censura presentada por el volátil Antonio Hernández Mancha contra González, sólo sirvió para destapar su ausencia de ideas, de proyecto y de liderazgo, costándole su puesto como jefe de la oposición y provocando la vuelta temporal a la dirección del PP de Manuel Fraga.

Son dos ejemplos bien claros de las consecuencias de un mecanismo que hay que medir muy bien antes de decidirse a utilizarlo. Para presentar una moción de este tipo hacen falta los votos, pero también un liderazgo sólido y un programa atractivo. Cabe preguntarse, en consecuencia, si en la actualidad el PSOE dispone de alguna de las dos cosas. Ante la respuesta evidente, lo sensato es abandonar ideas peligrosas y dedicarse a otra cosa. Los socialistas de Rubalcaba no están en disposición de protagonizar una iniciativa de este tipo porque el retroceso del cañón podría ser letal para su líder si pasa de censor a censurado. Debe de resultarles duro reconocer su limitación cuando es cierto que dispondrían de una oportunidad irrepetible para asumir un papel de alternativa ante los ciudadanos, por más que no sumarán los votos suficientes. Pero el horno de Ferraz no está para bollos de mociones de censura y si para arreglar la casa y buscar candidatos  con  posibilidades reales de  plantear batalla en las urnas.

Lo tremendo para el PSOE es que primero tendrían que plantearse quién asumiría el papel de alternativa y después pensar que la censura se les podría volver claramente en contra.

Un drama, el suyo.

Borja Chato – Zoomnews  

¿Qué es un proceso constituyente?…

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Un proceso constituyente es el proceso fundacional de un Estado democrático que crea una nueva Constitución según la voluntad y las necesidades de los ciudadanos. Un proceso constituyente se diferencia de cualquier otro proceso fundacional no democrático por las siguientes características:

  • Se origina en una apelación de legitimidad, no en la imposición por la fuerza, ni siquiera por la fuerza bienintencionada.
  • El proceso constituyente se desarrolla con arreglo a unas pautas ya reconocidas de mínimas exigencias democráticas: en primer lugar elecciones libres convocadas ad hoc con carácter constituyente, en segundo lugar  debate y decisión por parte de la Asamblea o Congreso Constituyente sin tutelas e imposición alguna, y finalmente ratificación por referéndum.
  • Su resultado, la nueva Constitución o legalidad, también debe cumplir unos mínimos estándares democráticos y se espera que por haber sido elaborado en libertad y con participación de todos, satisfaga las necesidades de los ciudadanos que se expresaron en forma de apelación de legitimidad fundacional, de reclamación de soberanía.

¿Qué diferencia hay entre reforma constitucional y proceso constituyente?

La reforma plantea cambios puntuales a determinados artículos de la constitución utilizando los mecanismos legales previstos en la constitución actual para su propia reforma. La reforma constitucional es un cambio constitucional hecho desde la legalidad.

Pero ¿qué ocurre cuando en la sociedad hay una demanda incontenible de reforma constitucional y el juego de los actores del sistema político impide de manera efectiva el cambio constitucional por la vía de la reforma? Se produce una crisis de legitimidad constitucional, un conflicto político no resuelto según los mecanismos previstos por el sistema. El pueblo reclama para sí la legitimidad del poder constituyente originario y lo hace en dos fases. Una primera fase destituyente, de ruptura constitucional, y una segunda fase constituyente, que establece una nueva legalidad.

¿Por qué hay que cambiar la Constitución de 1978?

De entrada, esta Constitución de 1978 nació viciada con un déficit de legitimidad. No fue redactada por unos representantes directa y expresamente electos por el pueblo para tal cometido (cortes constituyentes). Su modelo de organización territorial permanece cuestionado e irresuelto desde su origen. Y en el momento presente, se puede decir de ella que no ha sido votada por una mayoría de ciudadanos, todos los nacidos después de 1960. Todo ello sería suficiente para pedir una actualización de legitimidad. Sin embargo, la realidad presente ha descarnado motivos más concretos e imperiosos.

Mediante la reforma de 2011, la Constitución se ha convertido en un instrumento de gobierno de los mercados financieros: sacraliza la deuda por encima de los demás derechos sociales proclamados en la Constitución; constitucionaliza normas de gobierno presupuestario como el techo de déficit que son, además de discutibles, materia que debe estar fuera de la Constitución. De esa forma, ha entregado el Gobierno de España a instituciones no elegidas por los ciudadanos españoles, como el BCE, la Comisión Europea, el Bundesbank y el FMI.

En estos tiempos de crisis, la Corona y la familia real se han desacreditado con su conducta hasta el punto de ser indignos de representar a los ciudadanos. En 1978 no había motivos para tener una Monarquía, salvo transigir con los herederos del régimen político de Franco. Ahora hay motivos para no tenerla.

El sistema electoral, cuya parte más sustancial está en el artículo 68 de la Constitución, distorsiona la representación a favor de los partidos mayoritarios. Al cabo de treinta años, ha conformado un bipartidismo altergobernante y una casta política corrupta al servicio de los intereses financieros que no solo bloquea las reformas constitucionales que demanda la sociedad, sino que las emprende por su cuenta a la velocidad del rayo y en sentido contrario a los intereses populares, como hicieron en 2011. Su más reciente resultado, una mayoría absoluta, producida por “omisión” del cuerpo electoral, absolutamente contestada en la calle y a nivel de opinión pública. Hay que cambiar este sistema electoral para que represente mejor a los ciudadanos.

La Iniciativa Legislativa Popular, tal como la regula la Constitución, está castrada y limitada a asuntos menores. Necesitamos formas efectivas de participación popular que pongan límites a la partitocracia, que desarrollen una iniciativa legislativa popular efectiva, que contemple la posibilidad del referéndum vinculante y del referéndum derogatorio.

¿Qué mejoras obtenemos los ciudadanos con este proceso?

Esta pregunta habría que responderla formulándola al revés: estamos obligados a cambiar nuestro sistema político por razones de mera supervivencia, porque no podemos vivir como hasta ahora, porque lo que está ocurriendo es insoportable. Estamos obligados a decidir y a constituir sobre nuestros derechos, sobre nuestro grado de vinculación a los poderes públicos, sobre el diseño institucional del Estado (poderes del Estado, su separación y su sometimiento al control ciudadano), sobre el sistema electoral, sobre la forma de gobierno Monarquía o República, sobre la articulación de la representatividad, sobre los cauces de participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, etc…, estamos obligados a todo eso porque estamos obligados a corregir todo lo que ha puesto el sistema político al servicio de las finanzas y en contra de los ciudadanos.

Sean cuáles sean las decisiones que tomemos los ciudadanos sobre cada uno de esos puntos, lo haremos para impedir que nuestros gobernantes, políticos e instituciones se alejen de la sociedad y dejen de representar a la voluntad general. Estableceremos cauces de participación para que la opinión de los ciudadanos cuente mucho más que un voto cada cuatro años. Y mecanismos de seguridad y control sobre los políticos, como la iniciativa popular y el referéndum vinculante.

¿Es una utopía el proceso constituyente?

No es una utopía. Los cambios constitucionales, los procesos constituyentes, las rupturas entre legalidad y legitimidad que se resuelven a favor de esta última, se cuentan por decenas a lo largo de la historia. La utopía es posible, ocurre. Y cuando la realidad es insoportable, la utopía se convierte en necesaria y la transforma.

Constituyentes

¿Quién se atreve a insultar al rey?…

Recientemente hemos sabido que el coronel retirado Amadeo Martínez Inglés ha sido condenado por haber cometido un delito de injurias graves al Rey y, precisamente, dicha condena ha sido confirmada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por mayoría de sus magistrados.

Sólo cuatro magistrados se mostraron en contra de dicha sentencia, parece ser  que incluyeron en un voto particular. No es un dato menor que en este grupo disidente se encuentre el Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska.

Las manifestaciones vertidas mediante publicidad por el coronel retirado se contextualizan en una crítica al monarca porque su yerno esté implicado en el denominado Caso Nóos,  que investiga el juez José Castro en Palma de Mallorca.

Al hilo de esta crítica, vierte expresiones como “putero, borracho, cabrón, ninfómana…”, que según la sentencia han ido dirigidas a la persona del rey y, según el voto particular de cuatro magistrados, se referían a la dinastía de los Borbón, “en el ámbito de la valoración histórica”, no contra su persona.

Entre ambas posturas judiciales no hay término medio: la mayoría entiende que se ha cometido delito; la minoría de cuatro magistrados sostiene que hay que absolver porque se trata de una crítica, una opinión, en el marco de un Estado democrático, en cuyas reglas del juego se incluye la más feroz crítica a sus instituciones.

El voto particular cita la sentencia de 8 de marzo de 2.011 dictada por el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH), en el caso de Arnaldo Otegi. En esta sentencia, el Tribunal Europeo entendió que España había vulnerado el derecho a la libertad de expresión del señor Otegi, al condenarle a un año de prisión por llamar al rey públicamente “responsable de los torturadores” como “como jefe máximo del Ejército español”. El reino de España fue condenado al pago de una indemnización de 20.000 euros en concepto de daño moral y 3.000 euros por las costas causadas a Otegi.

Asimismo, el TEDH considera que el delito de injurias graves al rey no tiene cabida en Europa, por cuanto la reputación del jefe de Estado debiera estar  protegida de la misma forma que la de un ciudadano común. Este Tribunal, además, rechaza que se penalicen las críticas o insultos a las instituciones o funcionarios públicos, pues éstos, precisamente, han de estar expuestos a la objeción, aunque ésta sea provocadora, siempre en el marco de un estado democrático. Mucho menos admite el TEDH que se incluya pena de prisión por estos hechos. Así, incluye entre los países que incorporan a su legislación la pena de prisión por la “difamación pública” a sus instituciones, a Turquía y a Azerbayán, lo cual, en el seno de Europa es censurable.

Vemos, por tanto, que España incumple la legislación europea en materia de Derechos Humanos por incorporar como delito la injuria realizada a sus instituciones y funcionarios, por incluir la pena de prisión y por agravar el castigo penal cuando la injuria va dirigida a las instituciones y funcionarios públicos. Para evitarlo, cuatro jueces, en minoría, se han pronunciado en defensa del derecho a la libertad de expresión, que constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso.

Del mismo modo que últimamente las “recomendaciones” de la Unión Europea, en materia económica, son de obligado cumplimiento para España, las sentencias de la más alta instancia judicial de Europa debieran ser vinculantes, pues, aquí sí, España se juega su prestigio y autoridad. Nuestro país suscribió el Convenio Europeo de Derechos Humanos y asumió la responsabilidad de acatarlo.

Isabel Elbal Sánchez, abogada.@isaelbal

La represión: ¿qué es? ¿cómo se ejerce? ¿qué hacer?…

No hay represión sin Estado, no hay Estado sin represión.

Como es bien sabido, la represión se presenta frecuentemente con absoluta brutalidad y de forma totalmente descarnada para quien la sufre directamente, para quien la ve, para familiares, compañeros y compañeras… Por eso, su análisis y la preparación práctica para enfrentarla y prevenirla son absolutamente necesarias. Requieren de un gran esfuerzo por nuestra parte, pero sólo así podremos comprenderla mejor y aprender a combatirla con el objetivo de ser capaces de minimizar sus efectos, evitarla, o combatirla.

El sistema socioeconómico que nos subyuga está divido en clases, la clase que vive oprimida y aquella que la oprime, y cuyo conflicto permanente es el motor de la Historia.

La represión capitalista es un conjunto de métodos y herramientas que se emplean con un objetivo: mantener intacta la propiedad burguesa de los medios de producción, asegurando la máxima extracción de plusvalía, y garantizar la integridad de la maquinaria estatal opresiva que garantiza su derecho a la explotación. Esto pasa necesariamente por evitar, mediante uno u otro medio, el avance la clase oprimida hacia su liberación, y por la supresión de cualquier elemento que no sea favorable al poder burgués dominante.

Trasladado a nuestra realidad, la realidad de la militancia revolucionaria, una realidad que también compartimos con sindicalistas, activistas sociales, y etcétera, la represión es el conjunto de agresiones, prohibiciones, chantajes, torturas, y demás herramientas con las que el Estado español mantiene la dominación de una clase sobre otra. Como es natural, la represión se ejerce con más dureza contra aquellos sectores del pueblo trabajador que se alzan y plantan cara a la opresión, planteando un contrapoder mediante la organización del pueblo para el pueblo.

Un ejemplo de nuestra misma ciudad podríamos encontrarlo en el colectivo Bukaneros, una peña futbolística que ha conseguido meterse en el corazón mediático de la bestia, sacando en partidos de primera división pancartas y consignas que llegan a una parte importante de la población y que promueven la lucha social y la conciencia obrera. Por eso, a pesar de ser una peña de fútbol, los medios les criminalizan, el Estado les detiene, y hasta presiona para que las personas de esta peña sean despedidas de sus trabajos.

Ejemplos de otros lugares y a diferentes niveles los constituyen colectivos represaliados por plantear líneas de actuación diametralmente opuestas a la lógica de la dominación: el grupo ecologista Eguzki de Euskal Herria, la práctica desaparición del PCE(r), el proceso que lleva al fin del Partido Panteras Negras, o la criminalización de las FARC-EP dentro y fuera de las fronteras legales de Colombia.

Es importante entender que la represión, tan necesaria para el mantenimiento del sistema, no es posible sin el Estado. Algunos representantes de los engranajes del sistema, incluyendo la supuesta izquierda que pactó la Transición, han intentado e intentan difundir la manipulación de que el Estado no es si no un actor neutro, sin intereses propios, un agente que media entre todos los grupos de la sociedad y que obedecería tan sólo a la voluntad mayoritaría de la ciudadanía. Hasta el término ciudadanía es un componente tóxico que tergiversa el funcionamiento histórico de las sociedades, que iguala al opresor y al oprimido, a la persona trabajadora que tras su despido tiene que vivir debajo de un puente con Amancio Ortega o Cristina Cifuentes. Esto es algo muy útil de cara a los “pactos sociales” o los “pactos de Estado”.

Muy al contrario, el Estado es un órgano de dominación de clase fundamental para el mantenimiento de las relaciones de opresión que sustentan el sistema capitalista. El Estado burgués es, sin ninguna duda, una dictadura permanente de una minoría sobre la mayoría trabajadora, independientemente de la forma que tome.

Ideología y represión directa: un vínculo al servicio de la opresión de clase

La división funcional clásica entre aparato ideológico y aparato represor del Estado es útil, pero conviene tener siempre en mente que existe una interrelación decisiva entre la ideología dominante y la violencia represiva y tener en cuenta su naturaleza dinámica. La totalidad del Estado está en permanente actuación represiva, cambiando únicamente la intensidad o las características de las fases represivas (tanto en cantidad como en calidad represiva), que evolucionan y se adaptan según el contexto y la lucha.

El Estado más opresor es el que no necesita hacer explícita su represión, y la represión que no se ve es la más efectiva. Lo más adecuado para la burguesía es mantener el control social con un mínimo grado de violencia represiva, por ese motivo, las formas de gobierno más útil para el gobierno han sido históricamente los regímenes constitucionales burgueses. Otras formas de Estado que emplean el uso masivo de la fuerza represiva, tales como el fascismo o las dictaduras militares, sólo han sido aplicadas como último recurso por las burguesías más débiles y recientes; la clase burguesa que es más antigua y poderosa en sus marcos socioeconómicos, como la de Reino Unido o EEUU, nunca ha tenido hasta la fecha la necesidad de recurrir a tales medidas. La necesidad del uso generalizado de la violencia represiva por parte de la clase dominante revela una disminución del control que ejerce sobre la sociedad.

Es esencial interiorizar que la represión nunca es sólo violencia. Las formas de la represión pueden estar invisibilizadas o ser muy sutiles: los micromachismos son una muestra de represión patriarcal hacia las mujeres que apenas es visible y que es transversal a toda la sociedad.

Estrategias de la ofensiva estatal y apuntes sobre el ¿qué hacer?

Aunque los métodos que las clases han utilizado históricamente para mantener su dominación son innumerables, en la unión inseparable entre ideología dominante y violencia represiva pueden encontrarse ciertas estrategias generales:

  1. Borrar de la memoria colectiva los elementos que no sean útiles al poder. Desde la eliminación de fiestas populares hasta la manipulación histórica en centros de estudio, esta ha sido una estrategia fundamental del poder establecido para arrebatar a los pueblos su memoria de lucha, su conexión con aquellas personas que combatieron en el pasado. Un pueblo sin lengua es un pueblo sin alma, y el imperialismo lo sabe bien. Ésa es la lógica que ha movido y mueve dentro del Estado español la ofensiva al euskera o el intento de destrucción sistemática del gaélico irlandés por parte del poder británico.
  2. Mecanismos para captar, moderar e integrar en el sistema aspiraciones y reivindicaciones populares. El paso de una organización o movimiento de luchar contra el sistema a luchar desde el sistema ha supuesto históricamente acabar trabajando por tibias reformas de corte social que finalmente llevan a jugar el papel de ser uno de los elementos que sustentan el orden establecido. Un ejemplo perfecto lo encontramos en la trayectoria del PCE, que ha ido rebajando su carácter revolucionario y de clase: de los planteamientos de la época de José Díaz y el Frente Popular, pasó por el aro de la legalización traicionando la bandera tricolor por la que tantos y tantas de sus militantes habían muerto y asumiendo la rojigualda y al hijo político de Franco como Jefe del Estado. Hoy, integrado en IU, es un partido puramente parlamentarista burgués que no plantea el más mínimo pulso al poder si eso obstaculiza su gran objetivo: sumar votos y cargos en las instituciones. Otro caso de un proceso parecido es el recorrido político del Sinn Féin en Irlanda, que pasó de formar parte de un movimiento de liberación nacional con un componente de insurgencia a formar parte del entramado del Estado irlandés y del británico.
  3. Contener y aplastar la resistencia y la lucha mediante la violencia (física, cultural, psicológica, etc). La eliminación física o la destrucción moral o mental de los militantes revolucionarios es la manera más rápida y tajante de frenar una amenaza contra el poder establecido. El exterminio de la Unión Patriótica en Colombia, con más de tres mil dirigentes y cargos políticos asesinados por distintos cuerpos paramilitares, es sólo uno de tantos dramáticos ejemplos que salpican de sangre la lucha de los pueblos y de la clase trabajadora.

La represión explícita y el nivel de lucha popular guardan una relación directa. Como hemos dicho, al Estado no le interesa ejercer de forma generalizada la violencia represiva, muy al contrario, le interesa que su represión sea lo más sutil e implícita posible. Sólo emplea la represión abierta cuando se ve obligado a ello.

La represión tiene su efecto, eso es innegable. Puede cumplir con efectividad su objetivo de frenar la legítima lucha del pueblo trabajador simplemente mediante la represión directa de algunas personas clave y la desmoralización del resto.

Ante esto, la organización es una necesidad.

Sólo la organización puede sustentar y dar continuidad a la lucha popular, mantener ardiendo la llama de la rebeldía a pesar del carácter temporal de los estallidos populares. Además, es esencial para sostener y poner en pie de nuevo a las personas represaliadas: es necesaria para convertir su rabia impotente en voluntad revolucionaria. Como una red de seguridad, impide que quiebre a la militancia y permite que siga combatiendo.

La organización permite que las personas cambien de mentalidad, que pasen de estar a “la defensiva” a estar “a la ofensiva” y, lo más importante, da una respuesta surgida del análisis colectivo frente al caos de preguntas sin respuesta del individuo.

La represión, en este caso la represión explícita, también está sujeta a la dialéctica. Aunque su objetivo sea aplastar la resistencia, la experiencia de lucha que las personas y las organizaciones extraen de la represión sufrida tiene un gran valor: no existe desarrollo sin conflicto.

En el contexto actual, es imprescindible tener en cuenta la naturaleza dinámica de la represión y la necesidad incuestionable de la organización revolucionaria para combatir y vencer al sistema capitalista y toda su maquinaria opresiva.

La agudización progresiva de la crisis económica está llevando a un aumento de la conflictividad social y a una respuesta acorde de la represión -a todos los niveles- por parte del Estado. Aun así, podemos ver que los estallidos de rabia popular, cada vez menos comedidos, no han conseguido aumentar el grado de organización del pueblo y carecen de continuidad. La construcción del poder popular, que hace posible la acumulación de fuerzas, es aún incipiente.

El esperable recrudecimiento de la lucha de clases y el endurecimiento paulatino de las masas populares -cuya lucha está vertebrada por la lucha de la clase trabajadora- tendrá su efecto, pero el movimiento popular será fácilmente dispersado y controlado por los mecanismos de represión estatal si carece de una coordinación efectiva de las luchas locales y sectoriales.

La práctica es la única prueba de la verdad.

Y la organización es una condición imprescindible de la victoria.

Ponencia de Red Roja para el Encuentro Estatal por la solidaridad contra todas las formas de represión celebrado el 1 y 2 de Junio de 2013 en Madrid

Aumento de suicidios por la crisis ¿responsabilidad penal? … ¿de quién?

Leo en la prensa que el Supremo ha considerado accidente de trabajo el suicidio de un empleado que fue expedientado tras una huelga. Se quitó la vida tras sufrir un proceso de estrés y un cuadro de ansiedad relacionado con su trabajo, o lo que es lo mismo, “quedó acreditada la relación de causalidad entre el quehacer laboral y el suicidio del trabajador”.

Más allá de las ¿ventajas? (difíciles de ver en un caso tan dramático) en las pensiones de viudedad y orfandad que la calificación como accidente laboral pueda tener para su viuda e hijos, lo cierto es que en este caso “hay un culpable”, me explico, da cierta tranquilidad poder “ponerle cara” al responsable/culpable de tan triste final.

Pero no siempre es así.

Desde hace cinco años “nos desayunamos” noticias difíciles de tragar. ¿No creen ustedes que todo afecta? Crisis, prima de riesgo, desahucios, paro, impagos, deudas, piense por un momento en la cantidad de veces que escucha usted estas palabras a lo largo del día.

Numerosos estudios científicos nos hablan de las consecuencias de la crisis socioeconómica sobre la salud mental de los españoles. En los últimos años hay un preocupante aumento de los casos de depresión, ataques de pánico, taquicardias, desórdenes alimentarios, alteraciones del sueño y del sistema inmunológico y endocrino, uso/abuso de ansiolíticos, dependencia del alcohol, etc., pero no solo de los que se han quedado sin trabajo sino también de los que están “trabajando” porque el miedo a perder el empleo puede ser peor que perderlo, de manera que uno de cada cuatro trabajadores sufre desgaste laboral y estrés.

Y aquí no pasa nada ¿verdad? ¿Podemos ponerle cara al culpable? Pues depende:

  • en ocasiones será uno mismo, ya saben aquello de que “no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapta”;
  • otras veces la culpa será … ¡pues del sistema! (bonita palabra ¿verdad?), por permitir el uso/abuso de información que machaconamente y cada día y a cada hora le recuerdan a uno “lo mal que está todo”, pero, claro, el “sistema” tampoco “tiene cara”.

Para que vean la grandeza del problema, les cuento algunos datos:

  • Cada día hay 9 suicidios, de los cuales 3 están relacionados con la crisis económica.
  • Según el INE, en España el pasado año hubo un suicidio por cada 100 defunciones, pasando a ser la primera causa de muerte por encima de los accidentes de tráfico.
  • Según la OMS, entre los 10 países con mayores índices de suicidios, 6 son miembros de la Unión Europea.

De la lectura del artículo 143.1 del Código Penal [“El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años”] se deduce que el núcleo del elemento típico está en hacer surgir en otra persona la decisión de llevar a cabo un determinado comportamiento (en este caso el suicidio) creando una voluntad que hasta ese momento no existía.

Si la crisis y la estupenda publicidad que se hace de ella en los medios de comunicación “induce” al suicidio a tantas y tantas personas, … alguien tendrá que responder ¿o no? Pero … ¿quién? ¿a quién pedir responsabilidad “penal”?

¿A quién piden responsabilidad penal tantos y tantos empresarios que, obligados a cerrar sus negocios [desde 2008 han cerrado un total de 177.336 empresas según el informe económico de ESADE] porque no soportan que las endeudadas Administraciones no les paguen en plazo por sus servicios, se “quitan de en medio”?

Ya hemos visto que al sistema no … y al Estado … ¡tampoco!, y si no, léase el artículo 31 bis del Código Penal que exime al Estado de poderle aplicar cualquier disposición relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general”.

Ya hay expertos que alertan de las secuelas psicológicas de la crisis, porque el recorte en la protección sociosanitaria implica menos cuidados en la salud y un aumento en la tasa de pobreza desencadenando un incremento de los suicidios.

La que fuera Comisaria Europea de Sanidad, Androulla Vassiliou, ya alertó en su momento de la existencia de una relación directa entre la economía y la salud de las personas, señalando que una de las consecuencias de la crisis económica había sido el incremento en un 25% en el número de suicidios y de un 15% de nuevos casos psiquiátricos.

Y yo termino mi post de hoy con la misma duda con la que lo empezaba: ¿Cree usted que hay responsabilidad penal? … ¿De quién?

Gloria Sánchez Castrillo

(Responsable de Producto del Área Penal de Thomson Reuters Lex Nova)