¿Por qué ningún banquero va a la cárcel?

La condena a sólo dos años de Moltó perpetúa una tendencia en los tribunales a evitar que los antiguos gestores de las entidades rescatadas con dinero público entren en prisión..

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Por Eduardo Segovia

Los responsables de tres de las entidades cuya salvación ha costado más dinero a los contribuyentes se han ido de rositas en sus respectivos juicios en la Audiencia Nacional: los de la CAM fueron absueltos, y los de Novagalicia (NCG Banco) y CCM han sido condenados a menos de dos años, por lo que no pisarán la cárcel. El único antiguo presidente de una caja nacionalizada que ha estado en prisión (preventiva) es Miguel Blesa… y precisamente es el que menos fundamento tenía para ello, lo que le costó la inhabilitación al famoso juez Elpidio Silva. Y el ‘big fish’, el caso Bankia, sigue en fase de instrucción sin que esté claro si finalmente se abrirá juicio oral.

Diferentes casos, diferentes delitos, diferentes jueces, pero un denominador común claro. ¿A qué se debe esta impunidad de los gestores que llevaron a la quiebra a las cajas de ahorros? Básicamente, a dos motivos principales según los expertos consultados: a que el sistema está diseñado para proteger a los políticos y a los que están detrás (no olvidemos que las cajas de ahorros estaban dirigidas en su mayor parte por políticos o expolíticos); y a que estas fechorías se cometieron con el conocimiento -como mínimo- de los supervisores, sobre todo el Banco de España (BdE) y en algunos casos la CNMV. Eso, sin entrar en teorías de la conspiración que extienden asociaciones de consumidores y despachos de abogados.

“Hay un montón de instrumentos para proteger a los políticos: la prescripción, el aforamiento, la actuación de la Fiscalía como defensor en vez de acusador y, si todo falla, el indulto [como el que se aplicó a Alfredo Sáenz, ex CEO del Santander]”, explica Andrés Herzog, exsecretario general de UPyD y director de la acusación popular en los casos Bankia y de las tarjetas ‘black’. “Esta gente juega con todo a su favor y por eso es tan difícil perseguir la corrupción y la quiebra de las cajas, por la politización total de estas entidades tiene mucho que ver”, añade.

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Alfredo Sáenz

El segundo motivo tampoco es nada desdeñable: la estrategia de las defensas en todos los casos juzgados o instruidos hasta ahora ha tenido como punto central que el Banco de España era perfecto conocedor de su actuación y dio su visto bueno. Por tanto, según esta argumentación, los gestores de las cajas actuaron dentro de la legalidad puesto que el supervisor no puso ninguna pega. Eso cuanto menos, porque en algunos casos, como el de NCG, han llegado acusar al BdE en la época de MAFO de decirles directamente que cogieran el dinero de las prejubilaciones y se callaran.

“Lógicamente, si el Banco de España era conocedor de un delito y miró para otro lado o incluso lo alentó, si hay una condena tendría que ser cómplice o cooperador necesario. Además de incumplir su deber general de denuncia como organismo público. Estamos hablando de algo muy delicado y, por eso, los jueces no imponen penas demasiado elevadas, para evitar que salpique a los supervisores”, explica un penalista que solicita permanecer en el anonimato.

Porque las condenas podrían haber sido mucho más altas en todos los casos. Así, en el caso de NCG Banco, se les impuso sólo dos años cuando los delitos por los que se les condenó (administración desleal y apropiación indebida) están castigados con hasta seis años. Lo mismo ocurre en CCM, donde la falsedad contable puede conllevar hasta tres años de prisión. Pero no se trata sólo de las penas, sino de los extraños argumentos que utilizan los jueces para condenar o absolver a los gestores de las entidades financieras.

Absoluciones sorprendentes

Así, Teresa Palacios dio la mayor campanada al absolver a la cúpula de la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), “lo peor de lo peor” según el propio MAFO. Pese a que en el juicio se mostró durísima con Roberto López Abad, exdirector general, y Juan Ramón Avilés, exdirector financiero, acabó sin apreciar delito en la creación de una filial innecesaria para pagar sobresueldos a los consejeros de la entidad, ni en la concesión de créditos por 17,6 millones al propio Avilés (a nombre de diversos familiares) para una ruinosa promoción inmobiliaria en Murcia. Según la magistrada, ellos no eran los responsables de estos tejemanejes y la entidad -cuando ellos mismos la dirigían- no se sintió perjudicada y siguió operando como si nada. López Abad se llevó 5,6 millones de indemnización y la CAM fue vendida al Sabadell por un euro con unas garantías contra pérdidas de hasta 16.000 millones. En todo caso, queda una causa pendiente por la quiebra de la caja.

En el caso de NCG, al menos el juez Alfonso Guevara condenó a dos años a los responsables de que hicieran falta 9.000 millones de dinero público para reflotar la entidad gallega por las prejubilaciones millonarias que se llevaron: Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas. Estos personajes se repartieron 24 millones cuando fueron forzados a abandonar la entidad con su rescate. Eso sí, la condena les obliga a devolver las cantidades percibidas indebidamente.

Finalmente, esta misma semana hemos conocido que el juez José María Vázquez sólo ha condenado a dos años a la cúpula de CCM -el exportavoz de economía del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y su escudero Ildefonso Ortega– por falsedad contable y les ha absuelto de administración fraudulenta. En ambos casos, los argumentos son muy polémicos: la condena se basa en que no provisionó en la cuenta de resultados, sino en patrimonio neto, la caída de varias participadas en bolsa, cuando medio Ibex no las provisiona en ninguna parte; y la absolución se debe a que no se puede cuantificar el prejuicio a la caja, porque la propia entidad no ha remitido la información necesaria para cuantificarla.

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Ildefonso Ortega y Juan Pedro Hernández Moltó

Blesa sí entra… y no debería haber entrado

Ni siquiera Rodrigo Rato ha pisado la cárcel pese a los continuos escándalos que le están estallando, ni de forma preventiva -después del ‘partido de tenis’ en que se pasaban la pelota constantemente la Audiencia Nacional y los juzgados de Madrid- ni por ninguna condena (aún no ha sido juzgado por nada).

Así pues, el único ‘cajero’ que ha estado entre rejas es Miguel Blesa, y es precisamente el que menos fundamento tenía para ello. No es que Blesa no haya cometido conductas que pueden ser delictivas -y será juzgado por ello-, pero es que los argumentos que utilizó Elpidio Silva para meterlo en Soto del Real servirían para condenar a casi todos los banqueros de España: conceder créditos sin suficientes garantías, refinanciarlos cuando no se pueden cobrar, no ver venir el derrumbe inmobiliario o comprar bancos en el extranjero pagando sobreprecio.

Habrá que esperar, por tanto, a los nuevos juicios que llegarán -el segundo de la CAM, CatalunyaCaixa, Banco de Valencia, las ‘black’, Bankia y los múltiples escándalos de Rato- para ver si por fin un banquero español acaba entre rejas. De momento, todos siguen tan tranquilos en la calle.

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