¿Qué significa la ‘doctrina Botín’?

Entre todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del juicio del caso Nóos hay una que centró toda la atención de la sesión, porque de ella dependerá que sea o no juzgada la Infanta Cristina, y de paso el papel que a partir de ahora tendrá la acusación popular en los procesos penales. Es la aplicación o no en el caso de la hermana del Rey Felipe VI de la conocida como doctrina Botín…

infanta

Por Ángeles Vazquez

¿En qué consiste?

En esa sentencia, el Alto Tribunal declaró que si el fiscal y la acusación particular no acusa a una persona, ésta no puede ser juzgada, aunque sí le acuse la acusación popular. Es decir, que la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a una persona si además no formula acusación contra ella el Ministerio Público o la víctima del delito.

¿Qué diferencia hay entre acusación particular y acusación popular?

La acusación particular es como se llama a la ejercida por el perjudicado directo del delito que se juzga. La popular la puede ejercer cualquier ciudadano en defensa de la legalidad, aunque no haya sido víctima directa de los hechos investigados.

¿Hay algún límite a la ‘doctrina Botín’?

Sí. La estableció el Supremo un año más tarde y se conoció como doctrina Atutxa, en referencia al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, al que se condenó por desobediencia al no haber disuelto al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, como había ordenado el propio Alto Tribunal. Atutxa sólo era acusado por la acusación popular que ejercía el sindicato Manos Limpias y confiaba en que el Alto Tribunal confirmara la absolución que, antes de la doctrina Botín, había dictado en su caso el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Tanto la defensa como la Fiscalía pidieron al Supremo que siguiera con Atutxa el criterio que había establecido para Botín, pero el Alto Tribunal declaró que cuando «el delito afecta a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual» la acusación popular es suficiente para celebrar la vista oral.

¿Quién acusa a la Infanta Cristina?

La Infanta Cristina coincide con Atutxa en que sólo es acusada por la acción que ejerce Manos Limpias, que la considera cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin. La Fiscalía y la Abogacía del Estado -que actúa como acusación particular en representación de los intereses de Hacienda- no la consideran responsable y ayer pidieron expresamente al tribunal que le aplique la doctrina Botín para librarla del banquillo.

¿Qué puede hacer el tribunal?

El tribunal que juzga el caso Nóos no puede hacer otra cosa que seguir la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, pero para hacerlo primero tiene que determinar si la que debe aplicar es la que se utilizó con Botín o, por el contrario, la más próxima al caso de la Infanta, que sería la de Atutxa. Para optar por una u otra fundamentalmente debe determinar si la titularidad del delito fiscal que se le imputa es colectivo o no.

¿Defraudar al Fisco atenta contra un bien jurídico colectivo?

Ayer la abogada del Estado Dolores Ripoll sostuvo ante el tribunal que el lema Hacienda somos todos debe circunscribirse a la publicidad, porque el único perjudicado que se produce con un delito fiscal es «el erario público», al que representan los servicios jurídicos del Estado. Por su parte, la abogada de Manos Limpias, Virgina López Negrete, sostuvo que «la Agencia Tributaria no tiene el monopolio». «Lo que la Infanta pudo defraudar en 2007 y 2008 nos afecta a todos», agregó.

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El juez Castro considera que la Infanta sí sabía lo que hacía la empresa de su marido y que por tanto sí ha perjudicado a intereses colectivos, dado que el Instituto Noos se dedicaba a obtener subvenciones millonarias de administraciones públicas gobernadas por el PP (Baleares con Matas, Valencia con Camps además de los ayuntamientos de Valencia y Madrid con Rita Barberá y Gallardón) a cambio de actividades fantasma.

El caso Botín
Emilio Botín y tres directivos del Banco de Santander fueron acusados por la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) por unas cesiones de crédito que permitieron al banco eludir el pago de las retenciones a Hacienda. Con esta medida captaron casi 2.500 millones de euros, pero muchos clientes fueron perseguidos por la Agencia Tributaria por un presunto delito fiscal. Como no hubo acusación del fiscal, porque los delitos no estaban tipificados en el código penal y la demanda debió ir por otra vía, el Supremo ratificó una decisión de la Audiencia Nacional y se archivó el caso.

 

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