¿Dónde han ido las empresas que han cambiado de ubicación en los últimos cuatro años?

Más de 18.000 sociedades han decidido cambiar de ubicación durante la última legislatura. Aunque Madrid es la gran beneficiada, otras han conseguido poner en positivo su balance respecto a los años anteriores, como las que ‘rodean’ la autonomía catalana. Los territorios más beneficiados han buscado mantener en los últimos años políticas atractivas para las empresas, aunque esto está cambiando con los nuevos Ejecutivos liderados por PSOE y Podemos…

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Por Bernat García

En varios de los programas electorales que se pudieron leer hasta hace dos semanas, varios partidos políticos se proponían impulsar la unidad de mercado en España. A nivel comercial, pero también fiscal. Empresarios (y también líderes autonómicos) se han venido quejando insistentemente del supuesto dumping fiscal entre territorios. Impuestos bajos que absorben tejido empresarial, dada la facilidad de movimiento. Precisamente una de las mayores quejas al respecto la ha levantado Cataluña. Mientras ensalzaban la independencia, exigían al Gobierno por la puerta de atrás cierta armonización fiscal. No en vano esta autonomía es la más perjudicada por la fuga de empresas, que además ha vivido la tormenta perfecta con la inseguridad jurídica desatada por el desafío secesionista.

Desde 2012 hasta mediados de 2015 se realizaron un total de 18.056 deslocalizaciones en España entre las distintas comunidades autónomas, según datos del Registro Mercantil. La Comunidad de Madrid es la más beneficiada en el grado de absorciones. Sale beneficiada en la mayoría de transacciones societarias con el resto de autonomías, un total de 12 sobre 17. El saldo de la legislatura es pues positivo, y ha engrosado su cifra de empresas en 1.543 gracias a estos movimientos. Este es el resultado de 6.291 sociedades que han decidido instalarse en la comunidad capitalina frente a 4.748 entidades que han decidido abandonarla. En segundo lugar aparece la Comunidad Valenciana, aunque con un saldo ya mucho menor: de 255 empresas acogidas más de las que ha perdido.

Completan la lista de aquellas autonomías que han salido ganando en las deslocalizaciones Islas Baleares, Aragón, Galicia, Navarra, Cantabria, Extremadura y La Rioja. Todas ellas han sabido captar más actividad empresarial durante estos años de la que han tenido que perder.

Por el lado contrario, Cataluña tiene el peor saldo de todas las comunidades autónomas. Ha perdido 3.121 empresas, mientras que solo ha captado 2.000 sociedades. El resto de autonomías que han perdido actividad empresarial en favor de otros territorios son Andalucía, Canarias, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Asturias y Castilla-La Mancha.

Precisamente las dos autonomías más perjudicadas por los trasvases societarios son Cataluña y Andalucía que, cuestiones políticas a parte, se han distinguido en esta legislatura que ha acabado por someter a los contribuyentes a una alta presión fiscal. No solo mediante subidas del IRPF y límites duros en Impuesto de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio; también en la creación de tasas directamente orientadas a gravar la actividad empresarial. Es el caso de Cataluña, que ha creado tributos para las grandes superficies, pero también sobre el consumo tecnológico y la contaminación.

De alguna forma pueden distribuirse las comunidades autónomas entre ganadoras y perdedoras de los movimientos empresariales. Nueve de ellas han recibido más de lo que han perdido, mientras que a las otras ocho les ocurre precisamente el efecto contrario.

Dejando de lado la Comunidad de Madrid, resulta llamativo que las tres autonomías siguientes con un saldo positivo mayor son las que rodean Cataluña: Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón. Solo en el caso del territorio levantino, Cataluña no es la primera proveedora empresarial, sino que es la Comunidad de Madrid. En el resto, la autonomía catalana encabeza los territorios de origen de sus inmigraciones empresariales.

Es cierto que estos movimientos no pueden explicarse solo por el desafío independentista, pero éste está intensamente ligado a otros factores que lo han condicionado, como una alta fiscalidad más alta por las penurias económicas o la inestabilidad jurídica. Una prueba de ello es la comparación de estos datos con la legislatura anterior, entre 2008 y 2011. En esos años, ni Aragón, ni Baleares ni Comunidad Valenciana conseguían saldos positivos en los trasvases empresariales. De hecho, se puede decir también que la centralización empresarial hacia Madrid ha disminuido respecto a la legislatura anterior, ya que en esos años la Comunidad era de las pocas en positivo y obtuvo un saldo a favor de 2.154 sociedades trasvasadas. Solo Cantabria, Extremadura, Galicia y Navarra salieron, además, ganando en los últimos años de Rodríguez Zapatero.

A parte de estos elementos, cabe analizar además el signo político de estas comunidades autónomas. Las elecciones regionales cambiaron el color de muchos Ejecutivos en el mes de mayo pasado. Precisamente Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares estaban entonces controladas por el PP, mientras que ahora, en las tres han triunfado las coaliciones de izquierdas con la participación de Podemos o sus bloques electorales. Habrá que esperar a futuros resultados, pero parece claro que la política fiscal ha cambiado.

Luisa Fernanda Rudi quiso hacer de Aragón una economía atractiva para las empresas y nunca escondió su intención de atraer empresas cansadas de Cataluña por el soberanismo y la alta fiscalidad. De forma parecida lo abordó José Ramón Bauzá en Baleares, y en menor medida la Comunidad Valenciana, muy tocada por la quiebra presupuestaria. En estas tres autonomías, los gobiernos de izquierdas han planteado recientemente subidas de impuestos. El socialista Javier Lambán, en Zaragoza, acaba de aprobar un aumento impositivo que afecta a IRPF, Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones e Hidrocarburos, además de gravar las estaciones de esquí, los embalses y las eléctricas. Todo ello con una intención de recaudación adicional de más de 100 millones de euros. Mallorca y Valencia están impulsando medidas muy similares.

Por el lado contrario también está por ver qué puede ocurrir con las autonomías hasta la fecha más perjudicadas. Aunque Cataluña no ha mostrado ninguna disposición de reorientar su política fiscal, en Andalucía Susana Díaz ha indicado su intención de rebajar el IRPF en 2016.

Dependiendo del color del próximo Gobierno español, es posible que se avance hacia una mayor uniformidad fiscal así como a una armonización y limitación de las tasas autonómicas, lo que podría suponer una reducción notable de los trasvases empresariales entre comunidades.

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