¿Hasta qué punto está justificado el uso de la fuerza por parte de la policía?

El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales de diferentes Estados, sujeto siempre a una gran polémica, ha causado lesiones e incluso víctimas mortales en múltiples ocasiones. Amnistía Internacional, organización de reconocido prestigio internacional en la defensa de los Derechos Humanos, ha elaborado una nueva guía para lograr que las intervenciones policiales se ciñan en toda circunstancia a los principios de proporcionalidad, necesidad y moderación, y al respeto de los derechos y las libertades fundamentales..

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Los Principios Básicos de la ONU

Para  evitar lesiones en la población civil causadas por la actuación de agentes de policía, la Organización de las Naciones Unidas adoptó los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

Estos Principios incluyen algunas disposiciones dirigidas a minimizar los daños provocados por la violencia de las fuerzas de seguridad, abordando para ello una larga serie de aspectos, desde la capacitación de los funcionarios hasta la posibilidad de presentar recursos por parte de las personas afectadas. Así por ejemplo, se especifica que se hará una evaluación a fondo de la fabricación de las armas empleadas y que su distribución se controlará con todo cuidado.

Uno de los elementos clave, incluido en las disposiciones generales, es el que se refiere a cómo deben actuar las fuerzas policiales en caso de que el uso de la fuerza sea inevitable. En este caso, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley:

  1. a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
  2. b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
  3. c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;
  4. d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

MANIFESTACIÓN EN TIRANA

Diagnóstico y propuesta de Amnistía Internacional

Pese a la existencia de estos Principios Básicos, las actuaciones policiales en muchos países  siguen siendo deficientes. Por este motivo, Amnistía Internacional ha difundido recientemente unas exhaustivas directrices con el objetivo de que las autoridades garanticen el máximo respeto a la vida y a la integridad física por parte de los cuerpos policiales. Coincidiendo con el veinticinco aniversario de la aprobación de los Principios Básicos de la ONU, la organización ha presentado (Uso de la fuerza: directrices para la aplicación de los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley).

Las Directrices de Amnistía Internacional se basan en leyes nacionales, normativas internas y planes de formación de 58 países de las distintas regiones del mundo. Se busca, en definitiva, que los Estados respeten los Principios Básicos de la ONU y los Derechos Humanos en sus intervenciones policiales. De hecho, las Directrices hacen referencia a la débil e insuficiente implementación de los Principios Básicos de la ONU en algunos casos.

Como recuerda Amnistía Internacional, el uso de la fuerza por parte de la policía sólo debe producirse en caso estrictamente necesario y después de haber agotado las vías no violentas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía, subraya que la fuerza solo se utilizará  para fines lícitos de aplicación de la ley. No se admitirán, pues, excepciones para el uso ilegítimo de la fuerza. Asimismo, esta deberá ser siempre proporcional y moderada.

A pesar de la claridad de estas normas, a menudo seguimos presenciando vulneraciones de los Derechos Humanos por parte de agentes de la policía. En su página web, Amnistía Internacional repasa una serie de ejemplos ilustrativos. En Brasil, la policía ha cometido homicidios cuyas víctimas son, sobre todo, jóvenes afroamericanos. También en Estados Unidos han muerto personas desarmadas en manos de la policía, con un especial impacto sobre la población masculina afroamericana. En Bangladesh, al menos 44 personas murieron en enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías en 2013, por lo que Amnistía Internacional pidió una investigación independiente e imparcial sobre el uso de la fuerza policial. En otros países, el uso de gases lacrimógenos, balas de gomas u otros medios han ocasionado graves lesiones a manifestantes.

Es conocido en España el caso de Ester Quintana, que perdió un ojo por una bala de goma en la manifestación en Barcelona de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Aunque el Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya indemnizó a Quintana con 261.000 euros, este pago no significa que Interior haya asumido su responsabilidad en el caso. En verano, el conseller Jordi Jané afirmó que no se trataba de un reconocimiento de culpa, sino de buena voluntad. Además, Quintana denunció que en las negociaciones para buscar un acuerdo no hubo ningún representante de la Generalitat, sino solamente de su aseguradora, SegurCaixa. Laia Serra, la abogada de Quintana, ha definido la estrategia de la Generalitat como “nefasta, absurda y antidemocrática“.

Para Amnistía Internacional, estos casos responden a distintas razones, como “leyes nacionales que contradicen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, normativas internas deficientes, formación y material inadecuados, falta de control de la cadena de mando y ausencia de rendición de cuentas de los agentes que actúan fuera de la ley”. Por este motivo, la organización insta a los gobiernos a respetar sus Directrices para evitar nuevas lesiones y muertes.

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El uso de la fuerza policial en España

La asociación Jueces por la Democracia presentó en 2011 el Manifiesto sobre la regulación del uso de la fuerza policial. En este documento, los magistrados recuerdan que las fuerzas de seguridad del Estado tienen el monopolio del uso de la violencia. No obstante, “la violencia ilegítima y el abuso policial están en el núcleo del propio sistema y, por tanto, la cultura de la legalidad demanda de una actitud de prevención y fiscalización frente a los aparatos que ejercen con carácter exclusivo el empleo de la coacción en nombre del Estado”.

En este sentido, desde Jueces por la Democracia se recuerda que la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y cuerpos de seguridad, constituye el marco jurídico de los muy diversos modos de intervención policial. Sin embargo, bajo la fórmula “principios básicos de actuación” sólo se incluyen aspectos genéricos de adecuación al ordenamiento jurídico y a la Constitución. También se prohíben las prácticas abusivas y se afirma que la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad deben primar en la utilización de los medios. Por su parte, la Ley orgánica 1/92, de 21 de 3 febrero identifica los ámbitos y objetivos de la intervención policial, pero no añade nuevas garantías. Respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada como Ley Mordaza, uno de los puntos más polémicos y criticados por la oposición al gobierno español es, precisamente, la mayor impunidad policial.

Jueces por la Democracia también menciona las normas internacionales existentes en la materia, como los ya citados Principios Básicos de la ONU, la Declaración sobre la policía de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa de 1979, la Recomendación Rec. (2001) 10 del Comité de ministros del Consejo de Europa sobre el Código europeo de ética policial y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Para la asociación, estos instrumentos tan sólo se limitan a recoger los mismos principios generales de legalidad, proporcionalidad y diligencia debida. Por ello, la asociación de magistrados denuncia una desregulación expresa, lo que para ellos implica la dificultad de la tarea encomendada y cierta desidia por parte de los poderes públicos.

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Las nuevas tecnologías en las protestas ciudadanas

Las Directrices de Amnistía Internacional son un nuevo instrumento que se pone al servicio de los gobiernos. Se pretende resolver los excesos en el uso de la fuerza por parte de las policías y adecuar las leyes nacionales y su aplicación a los Principios Básicos de la ONU. Estos reconocen que la policía puede usar la fuerza para mantener el orden en determinadas y concretas circunstancias, pero siempre sin abusos, sin impunidad para los agentes y de acuerdo con las leyes internacionales de Derechos Humanos.

No hay que olvidar que entre los instrumentos utilizados por las fuerzas de seguridad se encuentran, por ejemplo, los gases lacrimógenos, el agua a presión o las balas de goma, cuyo uso arbitrario y desmesurado ha causado graves daños a la población civil. De hecho, los cuerpos policiales se dotan cada vez más de tecnología punta para llevar a cabo sus actuaciones. Los diseñadores Pedro G. C. Oliveira y Xuedi Chen han ideado un kit de supervivencia para el manifestante del futuro. Para ellos, se trata de una manera de equilibrar la balanza, puesto que los wearablespueden convertirse en una herramienta para la desobediencia civil en aquellos países donde se reprime la lucha pacífica de los ciudadanos.

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