Chaves, Griñán y los ERE, ¿una responsabilidad jurídica o política?

El caso de los presuntos ERE irregulares en Andalucía ha acelerado el paso esta semana. El auto del juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, ha procedido contra Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros. Sin embargo, algunas voces se han extrañado por el documento, ya que la prevaricación que se les achaca es difícil de ser juzgada teniendo en cuenta el paso de sus decisiones por el parlamento. ¿España se podría llenar de imputados por responsabilidad política?..

Foto Getty
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El juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Marín Mallín se mostraba sorprendido por el carácter del auto. “Los hechos están muy claros. Discrepo en su valoración jurídica. No pueden existir delitos de prevaricación cuando una decisión administrativa pasa por el Parlamento andaluz. Los actos políticos nunca pueden ser prevaricadores”, explicó a los oyentes del programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser.

La opinión del juez emérito coincide con la de otros expertos en Derecho que discuten sobre la conveniencia del auto por la existencia de los trámites parlamentarios. Decisiones que podrían ser más discutidas en el ámbito político – con convenientes dimisiones de los presuntos responsables -. Sin embargo, se habla de que se indujo a error a todo un parlamento.

Barreiro acusa a Griñán y Chaves de “una conducta activa patente consistente en aprobar importantísimas partidas de dinero en Consejo de Gobierno con el fin específico de que se destinaran a ayudas sociolaborales y a empresas a sabiendas de su procedencia ilícita”. Un punto que quizá podría suponer un paso para procesar a los responsables de otros partidos políticos por haber consentido conductas ilícitas tanto en sus gobiernos como en las propias formaciones.

Más allá de las acusaciones de prevaricación, otro de los puntos polémicos del auto es el de las acusaciones de malversación. Para que exista malversación, debe haber un enriquecimiento del implicado, aunque en el auto del juez Barreiro, no aparece mencionando por ninguna parte.

Por el momento, el caso se ha cobrado víctimas políticas con dimisiones de Manuel Chaves y de Gaspar Zarrías, aunque hasta ahora otro de los implicados, José Antonio Vieira – precisamente el imputado por malversación -, ha dicho que no piensa entregar su acta de diputado. Un coste político que también apareció en las negociaciones para que Susana Díaz lograse formar gobierno para la Junta de Andalucía. Sin embargo, después de años de instrucción, todavía no queda ninguna responsabilidad penal, pese a la larga tarea iniciada por la jueza Alaya que ha abierto un gran abanico de implicados.

Antecedentes polémicos

El juez responsable del auto pertenece al Tribunal Supremo desde 2009. Alberto Jorge Barreiro es conocido por su afiliación progresista y por algunas decisiones judiciales que le han puesto en el ojo del huracán. Este profesor de la Universidad Autónoma de Madrid votó a favor de la legalización de Sortu y más recientemente fue responsable del juicio contra Baltasar Garzón por el caso de las escuchas en el marco de los acusados de la trama Gürtel.

En su momento, este juez también fue encargado de desarchivar el caso de las escuchas del CESID a mediados de los años 90 y redactó la consulta sobre la constitucionalidad de la llamada Ley Corcuera, en la misma década. Algunos medios le sitúan en un ámbito ideológico crítico con el PSOE.

Algo precisamente de lo que también ha sido señalada la encargada de instruir del caso de los ERE Mercedes Alaya. La jueza ha sido acusada por llevar el proceso en paralelo a la vida política andaluza, realizando actuaciones en fechas clave para las elecciones celebradas en la comunidad. Barreiro se encuentra ante la tesitura de seguir una instrucción igual de polémica que la ejercida hasta ahora por la jueza.

Queda por ver hasta dónde llega la instrucción final del caso de los ERE. En el caso de seguir adelante las tesis ofrecidas por Barreiro en su auto podría suponer un precedente para los futuros casos de corrupción política que puedan ser juzgados en España para determinar dónde acaba la responsabilidad por los mismos.

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