¿Qué fecha de caducidad tienen los delitos?..

El tiempo es también una unidad de medida del delito. Cada delito tiene su tiempo, por ejemplo: el tiempo en que se hace y el tiempo en que se paga. Aunque no siempre se cumple. Cuando el que lo hace no lo paga a tiempo, el crimen alcanza su fecha de caducidad, prescribe. Después solo queda la impunidad y el olvido, la clausura de un caso que no tendrá juicio, ni culpables ni condena..

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Lo sabía Kepa Pikabea, el etarra que recientemente confesaba haber matado a Carlos García Fernández el 7 de octubre de 1980 en Eibar. El caso está prescrito, por lo que su revelación no tendrá consecuencias penales.

Lo sabía también Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón, cuando la Audiencia Provincial declaró prescritos en 2010 una parte de los delitos fiscales de los que se le acusaba. En concreto, cuatro supuestos fraudes contra la Hacienda Pública cometidos entre 2000 y 2003. “Me han archivado y eso equivale a la absolución, ¿y por qué? Porque no me van a poder juzgar de nada”, se jactó el entonces líder castellonense.

Una explicación escueta pero gráfica de lo que supone, en la práctica, la prescripción de un delito. La cuenta atrás comienza cuando se comete el propio crimen y el cómputo solo se interrumpe cuando el proceso se dirige contra el autor. Cuestión de matemáticas.

La justificación prescriptiva se encuentra en el concepto de ‘seguridad jurídica’, figura que en un Estado de Derecho garantiza que no se pueda perseguir a nadie por unos hechos que cometió mucho tiempo atrás. “Con el paso del tiempo, las circunstancias que rodean al proceso penal se van modificando, de manera que los fines de la pena van perdiendo importancia, la personalidad del acusado va evolucionando e, incluso, las expectativas de la víctima se van diluyendo”, argumentan desde el Colegio de Abogados de Madrid.

Nada que ver con la postura de José Miguel Ayllón, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (ANVDV). La prescripción no refuerza la seguridad jurídica, sino que “la destruye y favorece la impunidad” de los delincuentes. Desde su punto de vista, la caducidad delictiva solo es “saludable cuando la Justicia es rápida y eficiente. Cuando es lenta, solo sirve para dar derechos” a los criminales y “genera indefensión en las víctimas”.

Terrorismo

En España, todos los delitos tienen una fecha de prescripción, excepto los crímenes de lesa humanidad y genocidio, los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona. Así lo recoge el artículo 131 del Código Penal.

El origen de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y el genocidio está en la adhesión de España a diferentes Convenios internacionales. En cuanto a los asesinatos terroristas, su carácter imprescriptible data de 2010, cuando se introdujo una reforma en el Código Penal que carece de carácter retroactivo. Así, quedan excluidas todas las muertes a manos de terroristas anteriores a esta fecha.

Actualmente, más de 300 muertes causadas por ETA están pendientes de resolución, de acuerdo con los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que trabaja contrarreloj para impedir que el tiempo borre la responsabilidad penal de los autores materiales que están detrás de ellas. Revisan informes y expedientes de asesinatos aún sin resolver para encontrar un detalle, un resquicio al que acogerse.

Esto ha permitido, por ejemplo, que la Justicia reabra el atentado del ‘Comando Madrid’ contra el general del Ejército de Tierra Juan José Hernández Rovira cuando quedaban menos de dos meses para su prescripción. El general Rovira fue tiroteado el 1 de julio de 1994, y ahora la Audiencia Nacional ha procesado a Arri Pascual e Idoia Martínez por su asesinato.

Desde la AVT confían en que su trabajo en este campo dé más frutos, aunque advierten también de los límites a los que se enfrentan, y no solo a nivel judicial. “Nos encontramos con casos que se reabren pero que al final no pueden juzgarse porque han prescrito”, aseguran desde el departamento jurídico. En este caso, se preguntan, “¿qué es más perjudicial para las víctimas, que no sepan nunca quién es el asesino o, que lo sepan pero no se pueda hacer nada?”. Su respuesta es clara: “Las víctimas quieren saber la verdad, quién está detrás de cada disparo o cada detonación, aunque luego no se les pueda condenar”.

¿Las mismas víctimas?

La reforma del tratamiento de las muertes a manos de terroristas arroja también una situación llamativa. Este tipo de crímenes puede ser perseguido por la Justicia de forma ilimitada, pero cualquier otro asesinato u homicidio, no. ¿Establece esto una categoría de víctimas? ¿Hay discriminación?

Desde la AVT consideran que el Estado debería “perseguir siempre” cualquier asesinato u homicidio e, incluso, que cualquier delito grave tendría que ser imprescriptible, entendiendo por grave “aquel con conlleve una pena igual o superior a 20 años de prisión”. Sin embargo, en un intento por explicar esa distinción penal, apuntan a que la Justicia otorga un tratamiento específico a los delitos terroristas, de ahí que la reforma de 2010 solo afectara a estos crímenes.

La ANVDV señala en la misma dirección y huye de cualquier polémica. “Cualquier delito a partir del homicidio no debería prescribir, sea quien sea el autor o la víctima”.

Fraude y corrupción

La prescripción es también la puerta de atrás por la que escapan -o lo intentan- la corrupción política, los fraudes fiscales, los sobres…los delitos ‘de guante blanco’. A veces lo consiguen -véase el propio Fabra, el ‘caso Tabacalera’ o parte de la ‘trama Gürtel’- y otras veces no. Estos casos siempre generan gran alarma social y ponen en entredicho aquella ‘Justicia igual para todos’ que invocó el Rey en su discurso navideño de 2011.

“Quien hace la ley, hace la trampa”, resume el presidente de ANVDV. A su juicio, la prescripción de este tipo de delitos está muy mal tratada por las normas españolas, “quién sabe si conscientemente. Hay una intención clara en el legislador de perdonarse”, desliza.

Defraudar más de 120.000 euros a la Hacienda Pública es un delito que caduca a los cinco años, al igual que el cohecho (soborno) o la malversación. Uno menos, cuatro años, tarda en prescribir la financiación ilegal de los partidos políticos, un plazo demasiado breve si se tiene en cuenta que el Tribunal de Cuentas puede tardar un lustro en realizar un informe de fiscalización que saque a la luz las irregularidades.

La prescripción de un delito viene dada porque no se tuvo conocimiento de los hechos o porque no se denunció a tiempo. Resulta curioso comprobar las coincidencias de muchos de estos casos. ‘Los Albertos’, por ejemplo, quedaron absueltos de las acusaciones de estafa y falsedad al considerar el Tribunal Constitucional que los presuntos delitos habían prescrito. La denuncia contra ellos se presentó solo un día antes de la fecha de caducidad. El delito y el tiempo, de nuevo.

La sociedad y algunos profesionales de la Justicia reclaman que se amplíen los plazos de prescripción para este tipo de comportamientos fraudulentos y corruptos. Desde el Colegio de Abogados de Madrid, sin embargo, creen que la clave es “que la Administración cuente con los medios y la agilidad necesaria para enjuiciar los casos”. El debate está servido mientras el crimen descuenta sus días.

http://www.elmundo.es/espana/2014/04/26/5358d12822601d91348b456b.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=googleplusCM

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