¿Pueden negarse Microsoft, Apple, Google, Facebook o Twitter a colaborar con su gobierno?…

El Centro Nacional de Inteligencia español, CNI,  tiene un presupuesto de 200 millones de euros, cifra raquítica si la comparamos con los 4.000 millones que destina Francia a mantener sus servicios secretos o los alrededor de 30.000 millones de dólares que Estados Unidos presupuesta anualmente para el funcionamiento de sus distintas agencias de inteligencia (eso sin contar las aportaciones no sometidas a ningún control oficial). El CNI tiene capacidad tecnológica para realizar un millón de pinchazos telefónicos a la hora, cifra que nos permite elucubrar acerca de las posibilidades que ofrecen recursos económicos hasta ciento cincuenta veces superiores.

Tal y como acaban de poner de manifiesto las revelaciones del exagente de la NSA Edward Snowden, el espionaje occidental no solo concentra sus esfuerzos en el terrorismo o cualquier otro tipo de amenazas a la seguridad de los países respectivos. También destina ingentes medios humanos y materiales a vigilar los movimientos de amigos y aliados, especialmente en aquello que concierne a las actividades económicas y comerciales. En época de crisis, el ganar por la mano a la competencia se antoja vital para mantener cuota de mercado y conseguir contratos internacionales.

España no ha conseguido aún desarrollar un sistema medianamente eficaz de inteligencia económica, lo que sitúa a nuestro país en manifiesta desventaja respecto al resto de nuestros aliados (sic) (Quizá algún día los responsables del Ministerio de Fomento en la época de José Blanco quieran contar cómo Francia estuvo a punto de frustrar la adjudicación del contrato para la fabricación del AVE Medina-La Meca, presupuestado en 6.736 millones de euros, a un consorcio español). Sanz Roldán y su equipo concentran sus esfuerzos en la prevención y persecución del terrorismo islamista radical, pero por más que avisan aún no han conseguido que ni este Gobierno ni el anterior se tomen en serio el antes conocido como “espionaje industrial”.

Órdenes ilegales

La amenaza terrorista no es un cuento, pero da la impresión de ser utilizada en exceso como coartada bajo la que se esconden prácticas bastante menos confesables, muchas de las cuales están directamente relacionadas con dos factores que van a provocar extraordinarias alteraciones geopolíticas : la consolidación de China, India y Brasil como los nuevos gigantes de la economía mundial, y la próxima autosuficiencia energética de los Estados Unidos, circunstancia esta que acarreará su paulatina retirada del Golfo sin que Europa esté en disposición de suplir el vacío que dejarán los norteamericanos.

 Una y otra variable preocupan sobremanera a los dirigentes europeos, incapaces, tampoco en este terreno, de construir una política exterior común. El fracaso de la vieja Europa en esta materia viene en parte propiciado por la inexistencia de una estrategia fiscal y económica homogénea que además es sistemáticamente torpedeada, como se está comprobando, por órdenes de todo punto ilegales,  las británicas, que solo obedecen a intereses locales.

 En 2017 Estados Unidos se convertirá en el primer productor mundial de crudo; las principales multinacionales de software y hardware son norteamericanas (Apple, Microsoft), al igual que los nuevos gigantes que controlan Internet y las redes sociales (Google, Twitter, Facebook); y es ingenuo creer que los Estados Unidos van a renunciar a estas dos formidables ventajas estratégicas. Llegado el caso, y salvo que estén dispuestos a ser tachados de antipatriotas, ni Gates, ni Zuckerberg ni ningún otro podrán negarse a ‘colaborar’ con las autoridades cuando estas aludan a razones de seguridad nacional. Es por tanto bastante improbable que las infinitas posibilidades de irrumpir en la vida privada que ofrecen las nuevas tecnologías dejen de ser aprovechadas por aquellos a quienes su control puede garantizar varios siglos más de supremacía.

Agustín Valladolid – Periodista – Director de Zoomnews

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